Villas bonsái, un pendiente en los planes oficiales de urbanización
Mientras la gestión de Rodríguez Larreta impulsa obras en los grandes asentamientos, casi no hay proyectos a la vista para extensiones menores. La ley 341 es la única alternativa, pero cooperativas de vivienda advierten que falta financiamiento.
La urbanización está en marcha. El gobierno porteño anunció la “integración urbana y social” de varias villas porteñas. Habrá servicios públicos, cloacas y mejora en infraestructura en la 31 y Saldías de Retiro y Rodrigo Bueno de Puerto Madero. Vía Legislatura también habrá mejoras en la 20 de Lugano. Allí vive buena parte de los casi 275 mil habitantes que residen en barrios carenciados, según datos del Ministerio Público de la Defensa. Los otros pueblan pequeños asentamientos o villas bonsái.
Para que estos últimos accedan a algún tipo de urbanización deben solicitar créditos vía la Ley 341, administrada por el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Sectores sociales denuncian que “hay una política planificada para desalentar a las cooperativas de vivienda”, capaces de llevar adelante esos proyectos.
En estas mini villas, que no son Núcleos Habitacionales Transitorios, dominan ranchadas, casillas a la vera de vías o puentes, aparte de ex trazas de autopista o esquinas desiertas. La esquina de Gallo y Corrientes, el bajo del puente de San Martín y Juan B. Justo, Portela y Riestra en la Comuna 8 y Charlone 1645 (ex AU3) en Villa Ortúzar son algunos casos.
Según datos de la Dirección General de Estadística y Censos en base al censo 2010, hay más de diez mil personas en estos asentamientos mínimos. Su extensión las vuelve invisibles en mapas oficiales, donde predomina la treintena de villas y asentamientos más renombrados.
Es en estos últimos sitios donde el gobierno tiene la prioridad. “Después de muchos años se sacó ley de urbanización integral, es un paso histórico; en la agenda del Ejecutivo este proceso va a seguir y se va a aplicar en más villas“, dice Carlos Estivill, director de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, la cual está presidida por la legisladora Lía Rueda (PRO).
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Estivill agrega: “Al momento, no está presentado un programa de atención específico para esta problemática. El IVC tiene intervenciones a través de la Ley 341 de cooperativas”. Es la norma para que la Ciudad garantice el derecho al hábitat digno, tal como reza la Constitución local. El Instituto de la Vivienda ejecuta estos créditos.
El representante de la Comisión de Vivienda aclara: “Lo primero que hay que ver en esos casos es si el propietario es público o privado. Es la primera diferencia clara que aparece. En caso de que sea privado, corren una serie de cuestiones con derecho, que escapan en algún sentido a la lógica tradicional de la urbanización”.
La ley de la solución, con cuestionamientos
El Instituto de la Vivienda, órgano del cual dependen los créditos vía Ley 341, informó que en los años de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno se otorgaron 6121 soluciones habitacionales, el 5 por ciento de lo requerido. Se hicieron 3500 nuevas viviendas y hubo 3400 créditos hipotecarios, aunque la Comisión de Vivienda del Consejo Económico y Social dice que fue la sexta parte.
Puede acceder a un crédito de la Ley 341 quien tenga una residencia porteña mínima de dos años y no sea propietario. Los créditos están destinados a cubrir hasta el 100% del valor de la vivienda, el interés es del 0% al 4%, la cuota no debe superar el 20% de los ingresos del grupo familiar y el plazo máximo es de 30 años, según el IVC. Se evalúa cada petición y “en base al presupuesto disponible el orden de prioridades en el otorgamiento de los créditos es determinado según un sistema de puntaje”.
Para acceder a estos créditos, muchos grupos de vecinos se agrupan en cooperativas de vivienda. Varias denuncian desde hace años que esta área del gobierno cuenta con poco presupuesto. “sólo un 0,25% de los solicitantes pudo acceder efectivamente a una vivienda definitiva”, expone el Consejo Económico y Social porteño.
“Hay cantidad importante de emprendimientos detenidos en primera etapa, que es la compra de terrenos. Hay una política planificada de desalentar al grupo cooperativo, que queda envuelto en vueltas burocráticas”, dice Lito Borello, integrante de la Cooperativa de Vivienda Los Pibes (La Boca). “En el 90 por ciento de cooperativas de grupos que se conformaron que buscaron acceder a través de la Ley 341 no pudieron”, agrega.
Los Pibes y varios otros grupos participan en el Encuentro de Cooperativas de la Ley 341: “Hacia la Ley Nacional de Producción Social Autogestionaria del Hábitat”. El 10 de septiembre hicieron una asamblea porteña y participarán en reuniones de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados previas al 3 de octubre. Ese día, en el marco de la semana mundial del hábitat, se presentará en el Congreso el proyecto de ley de Producción Social y Autogestiva Social del Hábitat. La inspiración de este texto parlamentario es la Ley 341, la única norma porteña con que se pueden urbanizar las villas bonsái de Capital.