Una precautelar suspende la concesión de un terreno público al grupo Clarín
El Gobierno porteño debe informar a la Justicia cuántos predios públicos utiliza en la actualidad esta empresa.
La jueza María Soledad Larrea hizo lugar a un recurso de amparo y dictó una medida precautelar para detener la concesión por 30 años del inmueble público de Lima 1261, en Constitución (Comuna 1), cuya subasta se hizo este jueves por impulso del Gobierno porteño, donde ganó el Grupo Clarín (ArteAR).
Este terreno público de 8.757 metros cuadrados se subastó con un canon mensual de $265.000. ArteAR usa el inmueble como estacionamiento desde hace varios años, por medio de antiguos convenios con el GCBA. En la actualidad hay un acuerdo por el cual la empresa paga $160.000 mensuales.
El martes, dos días antes de la subasta, se presentó un amparo que no fue atendido por ningún magistrado. El proceso, a cargo del Banco Ciudad, se hizo y ganó el Grupo Clarín, el único en hacer ofertas por el terreno.
Firmaron el amparo Ofelia Fernández, legisladora porteña; Paula Penacca, diputada Nacional; Javier Andrade, legislador porteño; Sofía Gonzaléz, comunera; Victoria Freire, referente social; Lucía Maccagno, integrante de Barricada TV.
Este jueves por la noche, la abogada y Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpinetti, y la integrante de la Junta Comunal 1 por el Frente de Todos Sofía González comunicaron en redes sociales: “Frenamos entrega de terrenos a Clarín. La Jueza Larrea ordenó al GCBA que no haga entrega del predio subastado al Grupo Clarín hasta que acredite el uso y permiso de los predios que ocupa actualmente. Es un logro de la movilización popular. La lucha sigue”
“En un plazo de 5 días el GCBA debería informar: cuántos predios propiedad del GCBA están siendo actualmente utilizados (en forma gratuita u onerosa) por empresas pertenecientes al Grupo Clarín, cuáles son y en qué condiciones son utilizados; y por cuántos de los inmuebles a los que se refiere el procedimiento de subasta convocado por la Res 61/SSABI/20 presentó oferta alguna empresa vinculada a Clarín”, añadieron.
La emisora comunitaria Barricada TV, que es parte del proceso, informó: “La jueza María Soledad Larrea dispuso que no se realice la concesión del Gobierno de la Ciudad a #Clarín hasta tanto Larreta informe cuántos predios le cedió al Grupo y de qué forma. Hizo lugar al amparo del último martes y detuvo por el momento la subasta”.
Sobre la situación del predio, la emisora evocó: “La subasta es irregular, hecha a medida de Clarín, mediante la cual el GCBA busca transferir al grupo mediático de manera definitiva terrenos que hoy ocupa ilegalmente. El estacionamiento que utiliza Canal 13, ubicado en Lima 1261, fue emplazado en tierras públicas a partir de una cesión gratuita con vigencia de 28 años realizada por la dictadura. Una vez vencido ese plazo en el año 2006, se continuó beneficiando al Grupo otorgándole prórrogas y extensiones para que pudiera seguir haciendo un uso privado de terrenos que nos corresponden a todos y todas los porteños, a un precio vil”.
“En el año 2017, el gobierno de Horacio Rodriguez Larreta suscribió un acta en la cual consta la restitución del terreno a la Ciudad y en la que se establece que ésta se efectúa mediante expresa rescisión por parte de la peticionaria. Pero nada de esto sucedió en los hechos y al día de hoy, la empresa ARTEAR S.A. perteneciente al Grupo Clarín sigue ocupando ilegalmente un predio de dominio público ubicado en una posición estratégica en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. En casi todos los segmentos en los que participa, el Grupo Clarín ostenta una posición dominante. Además de las audiencias, Clarín concentra también los mayores ingresos del mercado. La posición monopólica que ha construido durante todos estos años y que ha ido consolidando constituye una grave lesión del derecho a la comunicación y a la libertad de expresión. Todo esto lo ha logrado acallando voces e inclumpliendo la normativa vigente, por ejemplo la que obliga a subir a la grilla del cable a los canales comunitarios con licencia, como es el caso de Barricada TV”.
“Recordemos que esta emisora, junto con otros medios populares y referentes del movimiento social, realizó una protesta en las puertas del canal en 2018 reclamando que el grupo cumpla con la manda de la ley. Clarín no sólo persistió en su negativa sino que promovió una causa contra quienes se manifestaban en el lugar, causa que fue desestimada poco después porque ARTEAR no pudo demostrar ser el dueño del estacionamiento. Hoy el gobierno de Larreta avanza un paso más brindando ventajas a este grupo económico, con una subasta destinada a un único oferente: el grupo Clarín”.