Una comisión de legisladores porteños supervisará el traspaso judicial
Estará integrada por 11 representantes del oficialismo y la oposición para hacer el seguimiento que transfiere la Inspección General de Justicia (IGJ).
Estará integrada por 11 representantes del oficialismo y la oposición para hacer el seguimiento que transfiere la Inspección General de Justicia (IGJ).
Este jueves en la sesión ordinaria de la Legislatura porteña se creó una Comisión Especial de seguimiento de la transferencia progresiva de facultades y funciones de la Inspección General de Justicia (IGJ).
La Comisión tendrá 11 miembros y fueron designados para integrarla los legisladores: Daniel Presti, Alejandro García, Clodomiro Risau, Eduardo Petrini y Victoria Roldán Méndez (PRO), Gabriel Fuks (CNM), Carlos Tomada (FPV), Claudio Heredia (BP), Paula Oliveto (CC), Graciela Ocaña (CP) y Adrián Camps (PSA).
Se encargará del tratamiento, seguimiento y análisis integral de las cuestiones relacionadas al Convenio entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de transferencia en todas las materias no federales, específicamente aquellas que conciernen a la efectiva transferencia de los trabajadores de la IGJ. Se ajustará en todo lo que no se encuentre normado en la resolución, a lo dispuesto por el Reglamento de la Legislatura.
Una cláusula transitoria aprobada este jueves expresa que “la entrada en vigencia de la Comisión creada en la presente, se hará efectiva a partir de la aprobación legislativa por parte del Congreso de la Nación Argentina del Convenio entre el Estado Nacional y la Ciudad ” sobre el traspaso de la IGJ. La Comisión estará en funciones durante un año.
“Ante la preocupación de algunos de los trabajadores, los Legisladores nos comprometimos a crear una comisión especial de seguimiento que tendrá por objeto el tratamiento y análisis integral de las cuestiones relacionadas al Convenio mencionado, específicamente aquellas que conciernen a la efectiva transferencia de los agentes públicos”, decía uno de los fundamentos del proyecto.
El 5 de abril la Legislatura porteña avaló el convenio de transferencia gradual de las competencias penales, el traspaso de la Inspección General de Justicia y del Registro de la Propiedad Inmueble a la órbita de la Justicia porteña y la incorporación del fuero de Defensa del Consumidor a través de su creación.
El primer convenio sobre las competencias penales obtuvo 43 votos positivos, 12 negativos y dos abstenciones; el segundo recibió 44 apoyos y 13 rechazos; el tercero 46 votos positivos, tres negativos y ocho abstenciones y el restante el vinculado al fuero de consumidores sumó 53 por la positiva y cuatro en contra.
La transferencia fue rubricada entre ambas jurisdicciones el 19 de enero pasado para “el reconocimiento de la autonomía legislativa, jurisdiccional y administrativa de la Ciudad” y para el “fortalecimiento del federalismo como sistema político” y -para su puesta en marcha- requiere de la ratificación tanto de la Legislatura local como del Congreso.