Un fallo judicial establece que las escuelas privadas de CABA no podrán excluir a estudiantes con discapacidad
El Gobierno porteño debe implementar “políticas públicas para terminar con la discriminación”, indicó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.
En el marco de un amparo colectivo iniciado en 2019 por Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), con el asesoramiento de la Clínica Jurídica del Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Facultad de Derecho de la UBA, el Juzgado N° 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, a cargo de la jueza Patricia Lopez Vergara, ordenó al Gobierno porteño la implementación de “políticas públicas para terminar con la discriminación de las personas con discapacidad en escuelas de gestión privada”.
La demanda fue contra el Ministerio de Educación de la Ciudad para pedir que adopte medidas “necesarias para evitar los rechazos de inscripción por motivos de discapacidad en las escuelas comunes de gestión privada localizadas” en sulo capitalino. “ACIJ denunció que estas instituciones negaban sistemáticamente el ingreso de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, y que el gobierno omitía controlarlas y sancionarlas”, expuso la asociación civil en un comunicado.
De este modo, la jueza declaró la inconstitucionalidad de “la conducta omisiva del gobierno y le ordenó presentar una propuesta de política pública para garantizar el derecho a la educación inclusiva en el plazo de 30 días”.
“La magistrada afirmó, además, que la mencionada propuesta debe contemplar, como mínimo: el establecimiento de un protocolo de inscripción que evite la discriminación por motivos de discapacidad; la creación de un procedimiento para el control de los establecimientos educativos, y de canales específicos, accesibles y eficaces para denunciar los rechazos de inscripción; la adopción de medidas de difusión para informar a personas con discapacidad y sus familias; y la producción de información que permita monitorear las políticas implementadas”, indicó ACIJ.
“Esta decisión judicial marca un antes y un después en el movimiento de lucha en pos de este derecho. Refleja un Poder Judicial que escuchó los reclamos históricos de las personas con discapacidad y sus familias y se hizo eco de ellos. Constituye un punto de partida para transformar las políticas públicas y alcanzar, de una vez por todas, la justicia educativa”, añade la asociación civil