Tuvo media sanción el proyecto para edificar en la playa ferroviaria de Colegiales

Este jueves en la sesión ordinaria de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se votó la primera lectura de un proyecto de ley para la rezonificación de la Playa Ferroviaria del Barrio de Colegiales (Comuna 13), limitada por las calles Virrey Avilés, Vidal, Moldes y Av. Federico Lacroze (Despacho Nº 0333/17).

El proyecto trasfiere el 65% de esas tierras desde la Nación a la Ciudad. El 35% del terreno restante (se prevé un área de 47.200 metros cuadrados) se puede usar para construir torres de hasta 25 metros de altura, con la posibilidad de construir 80 mil metros cuadrados (viviendas colectivas, locales comerciales y de servicios, establecimientos de salud y educación).

El resto, un 65%, debe ser “para uso y utilidad pública de la Ciudad”. La iniciativa oficial propone un “masterplan” urbanístico. La medida incluye un convenio suscripto entre la Administración de Bienes del Estado (AABE) de la Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Había dos despachos de minoría. De Adrián Camps (Partido Socialista Auténtico) y Javier Andrade (Frente para la Victoria). También un proyecto presentados por vecinos de Colegiales.

“Se busca fomentar la creación de espacios verdes y la reutilización y refuncionalización de mobiliario abandonado, conformando un sistema de espacios, corredores y conectores verdes en el barrio de Colegiales, conformados por los predios que se encuentran en torno al desarrollo de las vías del Ferrocarril General Bartolomé  Mitre, desde  la calle Juramento hasta la calle Santos Dumont y los que se desarrollan frentistas a las calles Benjamín Matienzo Santos Dumont, Concepción Arenal y Dorrego desde la calle Cramer hasta  la Av. Álvarez Thomas, zonificados actualmente como Distritos UP y aquellos que pertenezcan al dominio del estado nacional o municipal, que con carácter transitorio o permanente puedan incorporarse al uso público. Las Plazas a incorporar son la Plaza Castelli, Plaza de los Olmos,  Plazoleta Portugal, Plaza Juan J. Paso, Plaza de los Colegiales, Plaza Mafalda, Plaza Clemente”, explica la fundamentación del proyecto aprobado.

El Proyecto paisajístico de dicho polígono tendrá en cuenta las propuestas surgidas del Concurso Público, de carácter no vinculante, promovido por la AABE. “La propuesta urbanística deberá contemplar el desarrollo de equipamientos de sustentabilidad social acordes con el desarrollo residencial y en concordancia con las características sociodemográficas tanto de los nuevos habitantes como del entorno. Se deberá considerar una superficie de reserva para el desarrollo de equipamientos públicos de escala barrial”, agregan.

Con la venta de los terrenos destinados a emprendimientos inmobiliarios se generarán fondos, estimados en 70 millones de dólares para la Nación y 10 para la Ciudad. En cuanto a Nación, el presidente de la AABE, Ramón Lanús, explicó que “el 70% de lo que se recaude (en Colegiales) se destinará a obras ferroviarias, y el otro 30% irá al Tesoro nacional.

En el proyecto de ley aprobado este jueves también se menciona la Ley Orgánica de Comunas exponen: “Las autoridades de la Junta Comunal (en este caso la Comuna 13) serán convocadas para participar como observadores en cada uno de los concursos de proyectos que se originen a partir de la sanción de la presente”.

Al votarse la primera lectura, requerida por tratarse de un cambio en el Código de Planeamiento Urbano, resta que se haga una audiencia pública con la participación de vecinos y entidades de barrio. Luego, el proyecto se volverá a discutir en comisiones y luego irá al Recinto para una segunda votación final.

Los vecinos de la Comuna 13 habían presentado en noviembre de 2016 un proyecto alternativo para crear el Parque Cultural Estación Colegiales (Expediente 3810-P-2016). Basados en la ley 71 y el Plan Urbano Ambiental, pedían a través de ese texto que todo el terreno fuera un espacio público y verde. La iniciativa no llegó al Recinto.

“Estos terrenos ferroviarios en cuestión son de  los pocos espacios verdes vacantes que aún quedan y son oportunidades únicas para crear los espacios verdes que faltan en la ciudad y especialmente en Colegiales que cuenta sólo con 0,70 metros cuadrados de espacio verde por habitante, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda como mínimo 10 metros cuadrados por habitante”, expresaban los vecinos.

El legislador por el Partido Socialista Auténtico Adrián Camps, que tenía un despacho de minoría, votó en contra del de mayoría y pidió que, “ante las irregularidades de la ley”, se vuelva a discutir en Comisión. Argumentó que “es un proyecto que va en contra de la voluntad de los vecinos y se basa en un decreto de la dictadura”. Además, advirtió que es “un negocio ilegal y desastroso para la Ciudad”.

“Hay una lucha muy amplia de los vecinos para que el predio sea un espacio verde de uso público. Colegiales es uno de los barrios con menos espacios verdes de la Ciudad. Cuenta solo con 0,6 metros cuadrados por habitante y la OMS recomienda 10 m2 por habitante”, deslizó y agregó: “Estuve con los vecinos que se movilizaron y no escuché en ningún momento que hubiera alguno a favor de esta ley”.

Por otro lado, Camps explicó: “El proyecto tiene falencias técnicas absolutas que lo hacen inviable. El 65% de las tierras son transferidas por la Nación a la Ciudad. Para que adquieran un mayor valor, la Legislatura va a permitir que en el 35% restante se puedan construir torres de hasta 25 metros de altura con la posibilidad de construir 80 mil m2. Según Eduardo Elsztain, presidente de IRSA, el m2 de capacidad constructiva vale en la Ciudad 1000 dólares, y por ende esa parcela valdría 80 millones. Según el convenio que se propone, la Nación se queda con 70 millones y la Ciudad con 10, un acuerdo totalmente desventajoso para los porteños. La Legislatura va a habilitar un gran negocio de tierras, que van a ser rematadas. Pero venderlas sin la aprobación del Congreso es ilegal. El oficialismo se ampara en un decreto de la dictadura firmado por Videla y Martínez de Hoz. En ese momento no había Congreso, y se autorizaba a la Secretaría de Hacienda a vender tierras públicas. Por eso, el negocio que implica esta ley es ilegal, y tampoco no defiende la voluntad de los vecinos ni los intereses de la Ciudad”.

Por último, apuntó que la ley viola la Constitución de la Ciudad: “El proyecto debería volver a discutirse. No tiene mapa de zonificación. La distribución de áreas surgiría de un concurso, que ni siquiera va a ser convocado por la Ciudad. La AABE, un organismo nacional, va a tener las atribuciones que deberíamos ejercer nosotros los diputados. Entonces, el concurso va decidir dónde y cómo construir. La Constitución de la Ciudad prohíbe a la legislatura ceder sus atribuciones”.