Suspendieron un desalojo en San Telmo, tras una protesta
Federico Orchani, vocero del Frente Popular Darío Santillán, organización que defiende a los vecinos, se quejó porque el freno “se hizo de manera muy informal”.
Efectivos de la Policía Federal suspendieron hoy el operativo de desalojo en un inmueble de la calle Chacabuco al 1000 en el barrio porteño de San Telmo, donde viven unas 40 familias desde hace seis años, tras una protesta organizada por el Frente Popular Darío Santillán.
Federico Orchani, vocero de la organización que defiende a los ocupantes del inmueble, se quejó porque el freno del desalojo “se hizo de manera muy informal”.
“Solo tenemos la palabra de un comisario que nos lo dijo, no sabemos si oficialmente se suspendió, pero al no hacerse nadie presente para llevarlo a cabo tuvieron la orden de levantar el vallado”, indicó.
Durante la madrugada la Policía Federal montó un vallado en la calle Chacabuco, entre Carlos Calvo y Humberto 1°, a fin de “preservar el lugar para llevar adelante una orden de desalojo”, aseguró uno de los efectivos presentes en el lugar.
En ese mismo momento vecinos y miembros de organizaciones sociales comenzaron una vigilia en rechazo del desalojo ordenado por la jueza del juzgado número 26, Maria Cristina Nazar, contra las 40 familias que habitan desde hace mas de seis años el inmueble.
Esta mañana, pasadas las 9.30, mientras se esperaba una fuerza de seguridad que concretase el desalojo, o la presencia del oficial de justicia que constatara la situación de las familias, la Policia Federal levantó el vallado que interrumpía el paso sin dar ninguna explicación.
“Todo se maneja así en la ciudad, no sabemos si formalmente se suspendió el desalojo, nadie nos dice nombres ni cargos, solo sabemos que la policía levantó el vallado y se va”, agregó Orchani.
“Los vecinos de este inmueble no quieren que les regalen nada, son gente trabajadora con chicos que están en el colegio, quieren acceder a una vivienda digna. Acá el gobierno porteño tiene que hacerse cargo y dar una respuesta que no sea desalojar el lugar y dejar a estas 40 familias en la calle”, insistió.
“La empresa que reclama el inmueble es casualmente una empresa constructora, acá hay un proceso de especulación del mercado inmobiliario, es una muestra más de la situación generalizada que se vive en la ciudad”, denunció Orchani.
El abogado de la Secretaría Nacional de Acceso al Habitat, Ricardo Sassón, afirmó que “existe una causa penal, en la justicia penal y contravencional de la Ciudad” y hace “pocos días recibimos el pedido de los vecinos para intervenir”.
“Nos enteramos de una situación de desalojo y presentamos una nota pidiendo la suspensión del mismo y una audiencia con las autoridades locales y nacionales a fin de colaborar y trabajar en la resolución de esta situación”, agregó el letrado.
Y detalló: “El viernes hablamos con la jueza que planteaba que la decisión estaba tomada porque es un fallo que está firme por la Cámara y era difícil hacer lugar a este pedido de suspensión de desalojo, entonces le planteamos que así como se ordena un desalojo también hay que plantear la orden de resolver la situación habitacional en la que quedan las familias. No se puede desproteger un derecho para resolver otro”.
“Evidentemente se ha resuelto favorablemente, ya que la policía se retiró del lugar. Nos vamos a hacer presente en el juzgado para ver cual es la situación existente y si tenemos la posibilidad de una audiencia con los propietarios y autoridades del Gobierno de la Ciudad que nos permita iniciar un diálogo tendiente a resolver la situación habitacional de las familias” que viven en el inmueble.
“Se detuvo el desalojo , la policía vino a asustar a las familias. El comisario dijo que no se presentó nadie y que por eso levantan el vallado, después otro te dice otra cosa, se tiran la pelota entre ellos, es una falta de respeto”, señaló Javier Ayala, uno de los habitantes del lugar.
“Por ahora se suspendió, no sabemos si pueden volver ahora, o más tarde, o en otro momento, lo que queremos es que el Gobierno de la Ciudad venga a dialogar para darnos una solución a las 40 familias que vivimos acá”, apuntó.
Y agregó: “No queremos que nos regalen nada, que nos den un crédito para poder tener una vivienda digna. Somos trabajadores, no hay delincuentes, somos familias que todos los días trabajamos para tener un sueldo, comida y mantener a nuestras familias”.