Siete Metrodelegados son acusados de conformar una “asociación ilícita” por reclamar la apertura de paritarias
Una fiscal los imputó. La AGTSyP dice que es una “acusación frente al ejercicio de los derechos constitucionales básicos”.
La titular de la Fiscalía Contravencional, Penal y de Faltas N°35, Celsa Ramírez, en una audiencia fundamentará por qué imputó a siete metrodelegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) y los acusó de integrar una asociación ilícita por protestar en 2018 al reclamar la apertura de paritarias.
En mayo de 2018 los metrodelegados protestaron por aumentos salariales, contra un acuerdo entre Metrovías, la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) y la Unión de Transporte Automotor (UTA). La Policía de la Ciudad desalojó un corte en vías de la Línea H y detuvo a 16 trabajadores, entre ellos, el delegado de AGTSyP, Néstor Segovia, por “atentado y resistencia a la autoridad”.
Ramírez imputó a siete trabajadores (seis hombres y una mujer) “por impedir el normal funcionamiento del subte, colocando sobre las vías una escalera metálica, una madera de grandes dimensiones y dos hierros en forma de L”.
Para Ramírez, “nos hallamos ante la existencia de una organización que tiene como único propósito o razón de ser, la interrupción de los servicios de transporte público. En tal sentido, cobra especial relevancia la circunstancia de que los acusados refieren pertenecer a la agrupación gremial AGTSyP”.
“La figura de la asociación ilícita se utilizó en reiteradas oportunidades históricas para lapersecución política. En este caso en particular, la acusación tiene especial gravedad, porque se impulsa la acusación frente al ejercicio de los derechos constitucionales básicos como los son el derecho de huelga y el derecho de asociación y/o agremiación”, explica a Tiempo Argentino Nahuel Berguier, abogado de AGTSyP que ejerce la defensa de los imputados.
“Estamos seguros de que esta acusación se va a revertir en la próxima audiencia, que va a ser rechazada por el juez; de no ser así, estaríamos ante un ataque gravísimo al derecho de asociación y al derecho de huelga”, opina Virginia Bouvet, secretaria de Organización de AGTSyP.
Ramírez es la fiscal que interviene en casos de manteros y ocupación del espacio público. En su gestión se acrecentó el uso de la figura de resistencia a la autoridad.