Reclaman en la Ciudad la creación de un protocolo para manipular cadáveres no identificados

El Equipo Argentino de Antropología Forense presentó un recurso de amparo ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 9 de la Ciudad de Buenos Aires para que se le ordene al Gobierno porteño “la urgente e inmediata elaboración de un protocolo para la manipulación de cadáveres de personas no identificadas (NN)”.

Los especialistas piden que “se establezca la obligatoriedad de obtener muestras de material biológico (ADN), con carácter previo a la inhumación o cremación de los cuerpos, en consonancia con los principios y parámetros que surgen del decreto N° 1093-PEN-2016, por el que se creó el denominado Sistema Federal de Búsquedas de Personas Desaparecidas y Extraviadas”. Afirman que es para “coadyuvar a la identificación de las personas fallecidas en la jurisdicción porteña”.

Los cuerpos NN corresponden a personas que fallecieron después de recibir atención en el hospital, sin documento de identidad, ingresados por la guardia y sin familia para contactar. A veces se avisa a la familia pero nadie va a retirar el cuerpo.

Cuando un cadáver ingresa a una morgue sin familia detectada debe permanecer allí 60 días por si alguien lo reclama. Si hay que solicitar la identificación policial del cadáver, esperar los resultados del cotejo de la información y solicitar la intervención judicial, los plazos se extienden.

En 2013, se realizaron allanamientos en 22 de los 33 hospitales porteños. En las diligencias, ordenadas por el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Roberto Gallardo, se encontraron “irregularidades” en la documentación de las morgues de por lo menos cinco hospitales. En ese momento se encontraron cadáveres que databan del 2008, por ejemplo. También algunas morgues con capacidad para 10 cuerpos tenían una veintena almacenada.

En un protocolo elaborado en 2014 sobre manipulación de “cadáveres, nacidos muertos, segmentos y partes anatómicas en hospitales del GCBA”, que lleva la firma del entonces jefe de Gobierno Mauricio Macri y de la ex ministra de Salud Graciela Reybaud, citan la Ley 17.671, la cual expone: “En los fallecimientos, el facultativo o la autoridad a quien corresponda expedir el certificado de defunción deberá verificar la identidad del difunto, conforme a los datos consignados en el Documento Nacional de Identidad, y anotará el número de dicho documento, en el mencionado certificado de defunción. No disponiéndose del Documento Nacional de Identidad, se tomarán las impresiones dactiloscópicas. Si éstas no se pudiesen obtener, la identidad se probará con la declaración de dos testigos que conozcan al fallecido, haciéndose constar las causas que impidieran tomarlas. Si tampoco fuere posible esto último, se harán constar las circunstancias que lo impidan”.

También evocan el artículo cuarto del Decreto 1733/63 sobre etiquetado de cadáveres NN: “Todo cadáver que se envíe a la Morgue deberá portar, atado al dedo mayor de un pie, una etiqueta conteniendo el sello del Servicio que lo envía y el nombre correcto correspondiente al cadáver, otra etiqueta, igual a la anterior, también confeccionada por el Servicio citado, será fijada o atada a la puerta correspondiente de la cámara frigorífica. Cada Morgue deberá tener un pizarrón, colocado en lugar visible y actualizado permanentemente, en el que se indicará el nombre y la ubicación propios de cada cadáver”.