Promueven una ley de emergencia para inquilinos porteños

El legislador porteño por el Frente de Todos Leandro Santoro presentó un proyecto para sancionar una ley de emergencia de inquilinos porteños, con vigencia hasta el el 31 de diciembre de 2021.

Según el primer artículo, la ley tiene “por objeto la resolución de los conflictos económicos generados en razón de las deudas contractuales por locaciones de viviendas únicas, familiares y de ocupación permanente, en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

En caso de que se apruebe repercute en “todas las operaciones de locación de viviendas únicas, familiares y de ocupación permanente, cuya superficie no supere los 100 m2,territorializadas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hayan sidooriginadas las operaciones por contratos gestionados con intermediación o sin ella”.

El Instituto de Vivienda de la Ciudad será la autoridad de aplicación, el cual “deberá implementar un sistema de mediación prejudicial para la resolución del conflicto, en el ámbito de las Sedes Comunales, según el domicilio del inmueble locado”. También debe “ofrecer créditos a tasa cero de hasta $60.000 (Pesos sesenta mil) con destino exclusivo de pago de la deuda generada a partir de marzo de 2020 en el contrato de locación de viviendas únicas, familiares y de ocupación permanente”.

En los fundamentos del proyecto, el legislador Santoro asegura: “El contexto que atraviesa el mundo por la pandemia de SARS COVID 19 ha generado graves crisis económicas y ha otorgado centralidad al rol de los Estados para su contención. En Argentina, se han tomado diversas medidas por parte del Estado Nacional para proteger a los sectores más vulnerables de las consecuencias de la crisis mundial”.

“Por Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, por el plazo de un año, en virtud de la pandemia declarada. Tal como lo expresó oportunamente el Poder Ejecutivo Nacional,  nos encontramos ante una emergencia sanitaria que obliga al gobierno a adoptar medidas y decisiones con el objetivo de velar por la salud pública, pero, también, para paliar los efectos de las medidas restrictivas dispuestas, que afectarán el consumo, la producción, la prestación de servicios y la actividad comercial, entre otros muchos efectos. Esta situación exige extremar esfuerzos para enfrentar no solo la emergencia sanitaria, sino también la problemática económica y social. En efecto, el Estado debe hacerse presente para que los y las habitantes de nuestro país puedan desarrollar sus vidas sin verse privados de derechos elementales, como el derecho a la salud, pero sin descuidar otros, como el derecho a la vivienda”, evoca.

“Que la emergencia antes aludida, con sus consecuencias económicas, torna de muy difícil cumplimiento, para una importante cantidad de locatarios y locatarias, hacer frente a sus obligaciones en los términos estipulados en los contratos, redactados para una situación muy distinta a la actual, en la que la epidemia producida por el coronavirus ha modificado la cotidianeidad, los ingresos y las previsiones de los y las habitantes del país. Que, además, muchos trabajadores y trabajadoras, comerciantes, profesionales, industriales y pequeños y medianos empresarios, ven afectados fuertemente sus ingresos por la merma de la actividad económica, lo que origina una reducción en los mismos, con la consecuente dificultad que ello genera para afrontar todas sus obligaciones en forma íntegra y para disponer lo necesario para costear su alimentación, su salud y su vivienda”.

“Según la estadística oficial del IVC de 2018, en la Ciudad de Buenos Aires el 35.1% de los hogares, son inquilinos, y según la encuesta realizada por Inquilinos Agrupados, alrededor de 190.000 personas, tienen inconvenientes para afrontar el pago del canon locativo, lo que coloca a todas las familias en una situación de extrema vulnerabilidad”, concluye.