Por las tomas escolares, el GCBA denunció a 366 familiares y les reclama $50.000.000
La administración porteña considera que los adultos son responsables porque dieron su consentimiento para que los menores ocupen las instalaciones educativas.
Por medio de su Procuración General, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires demandó a unos 366 familiares de estudiantes que entre fines de septiembre y comienzos de octubre tomaron una veintena de escuelas públicas para exigir mejores viandas y cambios en el sistema de prácticas educativas en ámbitos laborales. La administración porteña considera que los adultos son responsables porque dieron su consentimiento para que los menores ocupen las instalaciones educativas.
La administración porteña exige más de $50.000.000, mediante más de 20 demandas civiles en concepto de daños y perjuicios. El objetivo del GCBA es transferir a las familias el costo laboral por tener las escuelas cerradas, teniendo en cuenta el salario de docentes y no docentes.
Durante varias semanas hubo tomas en las escuelas Mariano Moreno, el Esnaola, la Osvaldo Pugliese, la Agustín Tosco, la Claudia Falcone, la García Lorca, la Escuela de Cerámica N° 1, la Rodolfo Walsh, la Julio Argentino Roca, el Nicolás Avellaneda, el Danzas N° 1, la de Teatro, el Yrurtia y el Liceo 5. Todo inició con la toma del Mariano Acosta de Balvanera.
La ministra de Educación porteña Soledad Acuña dijo ante las medidas de fuerza: “Nuestra obligación como adultos es enseñarles a los chicos a dialogar y a participar, pero entendiendo siempre que hay otros derechos que deben respetarse y que todas esas diferencias deben poder convivir en una misma sociedad”.
Las denuncias, sobre acciones llevadas a cabo por menores y transferidas a sus familiares porque en el GCBA los considera instigadores, refieren al artículo 58 del Código Contravencional de la Ciudad, que pena a quien ingrese o permanezca “en un lugar público o privado contra la voluntad del titular del derecho de admisión”.