Piden que la oferta de sexo en la vía pública no sea sancionada

El legislador porteño Pablo Ferreyra presentó un proyecto de ley para modificar el Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El legislador porteño Pablo Ferreyra presentó un proyecto de ley para modificar el Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El legislador porteño Pablo Ferreyra (Frente para la Victoria) presentó un proyecto de ley para derogar el Artículo 81 y la Cláusula Transitoria, del anexo del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sanciona la oferta y demanda de sexo en los espacios públicos.

Afirma que es para “adecuar la normativa de la ciudad, no sólo a los principios establecidos en Constitución Nacional y Tratados Internacionales, sino también, al resto de la normativa local y a la jurisprudencia e interpretaciones establecidas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“Puede por su lado presuponerse que el justificativo de la punición puede ser la reacción de molestia, desagrado que despierten en los vecinos,  y aun considerándola injustificada como para tener la entidad tiene la entidad suficiente para configurar el daño a terceros que se debe exigir para prohibir una acción, puede resultar un factor de presión para penalizar una conducta en violación de las garantías constitucionales. Sin embargo observamos en los datos que solo el 0,76% de las detenciones se producen por denuncias de vecinos. El restante 99,24% fue iniciado producto de la intervención directa de las fuerzas de seguridad”, afirma el legislador.

“Este dato nos advierte sobre cómo se sobredimensiona la conflictividad que produce la oferta y la demanda de sexo en la vía pública. Y al contrario de lo que generalmente se pretende difundir, que la persecución punitiva no tiene un basamento consecuente en la demanda social de punición a dicha actividad; sino más bien que la selectividad de las agencias policiales sobre esta conducta, que  es la que brinda insumos al poder judicial para continuar con la persecución a este grupo vulnerado”, agrega Ferreyra.

Este proyecto retoma otras iniciativas del pasado que fueron presentadas por los ex legisladores Maria Rachid, Enrique Rodriguez, Diana Maffía, Rocío Sanchez Andía. También alude a otro proyecto que tuvo apoyo de distintas fuerzas políticas, donde han puesto su firma, entre otros, la actual ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, cuando integraba el cuerpo parlamentario de Perú 160.

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