Piden implementar la Ley de emergencia social en la Ciudad de Buenos Aires

El Consejo de Organizaciones Sociales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, institucionalizado el 13 de abril pasado, celebró este miércoles una audiencia pública por la implementación de la ley de emergencia social en el ámbito porteño. El encuentro se hizo en la sede de la entidad, ubicada en avenida Belgrano 673, en el barrio porteño de Monserrat (Comuna 1).

Los miembros del Consejo, presidido por Roberto Baigorria (Libres del Sur), se ubicaron el salón de actos del primer piso de la Defensoría pasadas las 15.30. Colmaron el lugar decenas de militantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa (CCC), Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), entre otros espacios territoriales.

Antes de dar comienzo a las disertaciones, se entregó una distinción a los consejeros presentes: Luciano “Tano” Nardulli (CCC), Raúl Ramírez de Proyecto 7 (trabajan la problemática de la gente en situación de calle y participaron del censo popular a sin techo que se hizo la semana pasada), Jaqueline Flores (CTEP – MTE), Walter Córdoba (Barrios de Pie), Santiago Agüero (Frente Popular Darío Santillán), Maria Eugenia Reyes (Movimiento de Ocupantes e Inquilinos – Central de Trabajadores de la Argentina), Marisol Cirano (Movimientos de Trabajadores Desocupados – CTA), Martín Marini (Inquilinos por Nuestros Derechos), Marta Yane (CTEP). También se mencionó a Raquel Vivanco (Mumalá).

También se sentaron en la mesa del Consejo el vicepresidente del Parlasur y ex legislador porteño por el Frente para la Victoria, Jorge Taiana; los autores de la ley de emergencia social, el senador Juan Manuel Abal Medina (FpV) y la diputada nacional por Mendoza Graciela Cousinet (Libres del Sur); el padre Carlos Accaputo, de la Pastoral Social porteña y cercano al Papa Francisco; Agustín Salvia del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA); el diputado nacional por Tucumán Federico Masso (Libres del Sur); Laura González Velasco y José “Pepe” Peralta del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires.

Encabezó esta mesa el titular de la Defensoría porteña, Alejandro Amor. Ante los presentes, que además de llenar el salón del primer piso colmaron las escaleras y buena parte de la planta baja, dijo que este organismo porteño convocó al Consejo basado en un modelo de Estado como “gran mediador social que busca equilibrios donde no los hay, donde tienen que cerrar las cuentas sociales”.

“Cuando conformamos el Consejo lo hicimos entendiendo que hay distintos niveles de reclamos, reclamos que irremediablemente se hacen en la calle. A nadie le tiene que molestar. También el Estado les debe ofrecer a todas las personas un lugar, un ámbito donde se discuten otro tipo de reclamos, de menor intensidad.  Somos los dirigentes los que debemos representar y resolver los temas arriba de una mesa. El Estado debía crear esa mesa donde reclamar lo que corresponde, como la mesa paritaria”, dijo sobre institucionalizar al sector de la economía popular.

“Usemos a la Defensoría para ser el canal para plantear al Gobierno los reclamos que tenemos que hacer”, añadió.

Destacó el censo popular para saber cuántas personas viven en situación de calle en toda la Capital Federal. “No vine acá a hacer un INDEC y sólo tener datos, hago relevamientos pero pido una resolución de problemas al Estado”, enfatizó Amor.

“El rol es mediar para encontrar una solución. Cuando no la hay la Defensoría se pone del lado del más débil, es nuestra responsabilidad”, expuso. Para concluir, citó a Eva Perón, y dijo que el movimiento de trabajadores no debe perder la dignidad para pelear por mejores condiciones laborales y de vida.

Los referentes de los movimientos sociales destacaron que haber logrado la ley de emergencia social, que valida este Consejo, fue el producto de “diálogo y solidaridad” entre movimientos territoriales y populares.

“Nunca más se le ruega a nadie que nos represente”, dijo Jaqueline Flores en una clara crítica a los sindicatos y gremios. Marta Yane de la CTEP expuso: “La unidad de los movimientos sociales está en las batallas que damos todos los días, no en las alianzas que sólo van por lo electoral”.

“Una de las cosas más ricas de este proceso es que empezamos a dejar de lado de la miseria de los dirigentes del capo popular, el liberalismo que nos metieron. Empezamos a ser más generosos entre nosotros. Empezamos a compartir lo logrado con generosidad”, añadió.

Al instante Walter Córdoba de Barrios de Pie opinó: “Hay descreimiento, desgaste, mucha fragmentación del campo popular; hay que rearmarlo con solidaridad. En ese camino vamos, no va a ser fácil”.

También habló Agustín Salvia del Observatorio de la Deuda Social. Contrapuso al sector asalariado, con derechos laborales y seguro social, con el de la economía popular, social o el sector informal urbano de alta marginalidad.

“El capitalismo no generó inclusión social para todos ni trabajo pleno. En el país hay al menos un tercio que sobra en este esquema de acumulación. Este sector, de la economía social, puede ser atendido por programas sociales, pero pide empleo de calidad. El tercio reclama un desarrollo con inclusión social. Que esa parte produzca y participe en la producción de riqueza y sea reconocido por esa labor, reclama derechos sociales y económicos”, expuso al respecto.

“El 50 por ciento de población ocupada está en la economía informal, parte de esa economía es el segmento de la economía social. Siendo la mitad de la fuerza laboral, el 81 por ciento no tiene acceso a seguridad social. Hay que garantizar el ejercicio de derechos económicos de esa economía social: acceso a jubilación, obra social, créditos, acceso tecnológico. Que sea más productiva en el sentido de producir riqueza y mejores remuneraciones”, expuso el representante de la UCA.

Habló de “las barreras estructurales que imposibilitan el acceso de un sector de la población a derechos esenciales”. Afirmó que la importancia de llamar la atención sobre “los aspectos invisibilizados de la realidad social” y el peligro de institucionalizar “la economía de la pobreza”.

Juan Abal Medina dijo que la ley de emergencia social se logró con la “movilización del pueblo”. Recordó cómo los movimientos sociales marcharon desde San Cayetano en el barrio porteño de Liniers hasta Plaza de Mayo. También destacó todas las jornadas de protesta con ollas populares en las calles porteñas. Pidió que el campo popular se ponga firme “para exigir a los gobiernos que defiendan el empleo de los argentinos”.

Para la diputada Graciela Cousinet la sanción de la ley significó “el reconocimiento de un actor social fundamental: los trabajadores de la economía informal. Hay que luchar para que este tipo de trabajo sea reconocido y esté bien remunerado”.

El padre Acaputto expuso: “Estamos andando, me parece que esta ley es fruto de caminar, hay texto que dice que los pueblos son como las olas del mar: siempre vuelven a la orilla. Parte de lo que decía la diputada (Cousinet) tiene que ver con un pueblo que vuelve a la orilla y lucha por su dignidad”.

Taiana recordó los primeros pasos de la CTEP y agregó: “No hay un punto de llegada, sino un camino de reclamo y transformación. Hay que transformar la fuerza de distintos trabajadores excluidos en la fuerza de organizaciones sociales que hacen sus reclamos y que ganan sus derechos”.

“El reclamo y la lucha por la transformación que dan las organizaciones sociales por la mejora de las condiciones de trabajo es un reclamo que se inscribe en un proyecto más amplio de transformación de la sociedad. Es de orientación política. Si no derrotamos políticamente a este Gobierno (la gestión de Mauricio Macri) no derrotamos a esta instauración neoliberal”, concluyó Taiana.