Piden explicaciones al Gobierno por la marcha de policías porteños que quieren volver a la PFA

Legisladores porteños del bloque Unidad Ciudadana presentaron un pedido de informes para que el Gobierno local brinde su versión ante la protesta de policías de la Ciudad que el 26 de marzo se vistieron con el uniforme de la Policía Federal Argentina (PFA) para rechazar su pase a la fuerza capitalina (Ley 5.688). Lo hicieron frente al palacio legislativo, en Perú 160 (Comuna 1).

Piden saber si hay un reclamo formal por parte de los agentes. También si hubo sanciones originadas en dichos reclamos o si se ha visto afectado el funcionamiento del servicio de seguridad como consecuencia de  las mencionadas demandas.

Hasta el momento, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad que dirige Martín Ocampo no se emitió una comunicación oficial ni se expuso una postura ante estos hechos.

Los legisladores evocaron que los uniformados pidieron ser recibidos por alguna autoridad parlamentaria e iban a entregar un petitorio relacionado con la demanda general de ser restituidos a la PFA. “Las razones particulares que motivan la demanda según un petitorio que circularon los manifestantes estarían relacionadas con errores en las jerarquizaciones en desmedro de los antiguos suboficiales de PFA; imposibilidad de retorno a sus provincias de origen de aquellos efectivos que son del interior del país; deficiencias en las entregas de los uniformes y elementos de trabajo, entre otras”, puntualizaron en Unidad Ciudadana.

La ley 5.688 en su artículo 41 crea la Defensoría del Personal de la Policía de la Ciudad, órgano desconcentrado dependiente del Ministro de Justicia y Seguridad, cuya misión es la defensa, protección y promoción integral de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos del personal de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tutelados en la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las leyes y las reglamentaciones frente a los actos, hechos u omisiones de la administración.

A más de un año de la sanción de la Ley la figura del Defensor de la Policía “no fue reglamentada y por consiguiente no fue nombrado un titular de ese instituto”, por consiguiente “no están dadas las condiciones institucionales y administrativas para canalizar conflictos como el que está atravesando hoy la Policía de la Ciudad”, alertaron los legisladores.

“Esto no va a parar hasta que entiendan que no es el camino”, alertan en redes sociales miembros de la Asociación Civil Policías por los Derechos Humanos. Son quienes divulgan las comunicaciones relacionadas con las protestas de los efectivos porteños. Advierten que la forma en que procedió el Gobierno local va a causar un “desastre institucional sin precedentes”.

En julio del año pasado en el Boletín Oficial porteño se reglamentó parte del escalafón de la policía porteña. A este medio luego llegaron varias quejas de efectivos y familiares que daban cuenta del malestar que impera en la fuerza desde hace varios meses, casi en los orígenes mismos.

En tanto, en Unidad Ciudadana alertan la falta de funcionamiento de la Comisión parlamentaria dedicada exclusivamente a seguir el proceso del traspaso policial.

“El desarrollo de la comisión, que demoró más de medio año en constituirse, fue muy pobre, ya que no se elaboraron los informes semestrales de seguimiento que indica la ley que debían confeccionarse. Además, los distintos bloques gestionamos pedidos de informes en relación al escalafonamiento, los cuales fueron negados”, dijo la integrante de esa bancada, Andrea Conde.

“Esto se debió mayormente a la inacción de las autoridades de la comisión encabezada por Francisco Quintana, actual vicepresidente primero de la Legislatura y porque la misma fue destinada únicamente a abordar superficialmente la crisis que implicó el encarcelamiento de Potocar, designado por el Gobierno como el primer Jefe de la “nueva fuerza”, sumó la representante en un comunicado público.