Pacientes denuncian que faltan medicamentos para VIH, pero el Gobierno nacional lo desmiente
La secretaría de Gobierno de Salud afirmó que “adquiere y garantiza 33 drogas para el tratamiento de las personas con VIH en todas las provincias”.
Más de 15.000 pacientes denuncian que desde hace meses hay faltante de la provisión pública de medicamentos para VIH, Tuberculosis y Hepatitis C a nivel nacional.
La Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP) integra el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH y recibió numerosas denuncias de faltantes. Alerta en un comunicado: “Ante el recorte de presupuesto de $1.724 millones en 2019 para la Dirección Nacional de Sida (DNS), Fundación GEP solicitó información oficial sobre compras públicas, stocks y adquisiciones proyectadas por esa Dirección para mantener la provisión pública de medicamentos para VIH, Tuberculosis y Hepatitis C a nivel nacional”.
“Según los datos reportados existen actualmente faltantes de medicamentos que integran los esquemas antirretrovirales utilizados por las 86.338 personas con VIH que se encuentran en tratamiento antirretroviral en Argentina”, añaden.
“El análisis de la información arrojó resultados que dan cuenta de la inexistencia de stock de efavirenz y de las combinaciones darunavir/ritonavir y tenofovir/emtricitabina/efavirenz desde el mes de junio de 2019. Además, pudimos constatar que a partir de agosto no habrá disponibilidad de otros 15 medicamentos antirretrovirales. En los casos en los que no está iniciado el proceso de compra, resolverla de manera urgente demandará, por lo menos, tres meses”, puntualizaron.
Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de Fundación GEP, sumó: “Lamentablemente estamos comprobando que lo que se preveía cuando supimos del recorte que el gobierno hizo en el presupuesto de Salud para 2019. Las personas con VIH no están recibiendo sus medicamentos en los hospitales y centros de salud de las distintas jurisdicciones del país. El ajuste es inaceptable y viola los derechos fundamentales de lxs ciudadanxs que necesitan de un Estado activo para asegurar sus necesidades. El accionar del gobierno es delictual y premeditado”.
Desde el GEP agregan: “Si bien existen sólo tres expedientes de compras que fueron iniciados en mayo y junio de este año, hubo falta de planificación y previsibilidad por parte de la Dirección Nacional de Sida y ETS, que depende de la Secretaría de Salud de la Nación. Los tiempos que llevan los procesos de compras y la distribución de medicamentos a nivel nacional, dejarán sin acceso a miles de personas que no pueden interrumpir sus terapias. La situación que se irá agravando a medida que transcurran los meses del año”.
“En estos cuatro años renunciaron 3 directores de la Dirección de Nacional de Sida y ETS. Todos los años hubo faltantes en los tratamientos y reactivos. Todos han tenido dificultades en la realización de las compras. Desde 2015 en Fundación GEP presentamos el informe del Observatorio de Acceso y Compras Públicas. Allí señalamos irregularidades en la ejecución de los presupuestos. Es muy grave llegar a esta instancia, deja en evidencia que no se trata de inoperancia ni errores administrativos. Si a esto agregamos la falta de vacunas, medicamentos para otras patologías -como la Tuberculosis-, la degradación del Ministerio de Salud a Secretaría y el vaciamiento de los programas comunitarios de salud, estamos frente a un plan sistemático de desmantelamiento y vaciamiento de la salud pública. Estas maniobras sólo buscan imponer la CUS; la privatización encubierta de la salud a través de un sistema de aseguradoras. Este gobierno considera que la Salud es un gasto y no un derecho. Sin medicamentos nos morimos”, dijo José María Di Bello, Presidente de la Fundación GEP.
En tanto, este martes a última hora, la Secretaría de Gobierno de Salud afirmó que “adquiere y garantiza 33 drogas para el tratamiento de las personas con VIH en todas las provincias, al rechazar versiones sobre supuestos faltantes de drogas antirretrovirales”.
“Las autoridades sanitarias indicaron que sólo en el caso de una combinación de drogas (Darunavir 800 / Ritonavir 100 mg) hubo una disminución en el stock en algunas jurisdicciones. A partir del próximo lunes se distribuirá esa combinación de drogas -que en la actualidad utilizan 9.000 personas en tratamiento en todo el país-, cuyo consumo aumentó considerablemente en las últimas semanas en relación a nuevas recomendaciones nacionales e internacionales, señalaron en un comunicado”, expuso mediante la agencia estatal Télam.
Según los resultados preliminares del Índice de Confianza y Acceso a las Vacunas (ICAV), que elabora desde enero la Fundación Bunge y Born, “alrededor del 13% de la población no logró vacunarse o vacunar a los menores a su cargo la última vez que intentó hacerlo”.
En esta primera etapa se realizaron encuestas a 3.177 individuos, pero prevén relevar a 7.000 en todo el territorio nacional para explicar por qué existe una brecha cada vez mayor entre la cobertura óptima en inmunización (que debería ser de al menos un 92%) y las tasas actuales, consigna Ámbito.
“En Argentina no se aplican cerca de 700.000 dosis de alguna de las vacunas del calendario obligatorio, durante el primer año de vida”, a la par que se observa “un incremento en la aparición de discursos de grupos ‘antivacunas’”, expone ICAV.
Pero mientras que la opinión sobre las inmunizaciones es la principal problemática para alcanzar coberturas altas en los países desarrollados (basta recordar el rebrote de sarampión en Italia, por ejemplo), en Argentina, las dificultades de acceso por diferentes motivos son el principal riesgo. De entre ellas, “las faltantes aparecen como principal razón, entre quienes tienen menores a cargo”, según el documento. Mientras que las otras cuestiones argumentadas son los horarios de los vacunatorios, la distribución de las dosis (que a veces son compradas pero que no siempre llegan a todos los lugares), la accesibilidad (por ejemplo, cuánto cuesta llegar al centro para aplicarse la vacuna) y los costos (en el caso de no haber conseguido la inmunización en tiempo y forma en el sistema público).