Ordenaron bajar banderas de Revolución Federal de la valla del edificio de Comodoro Py
La decisión se dio luego de que un grupo de personas se presentara en el ingreso de los tribunales federales en apoyo a los integrantes de Revolución Federal y exigiendo la liberación de los “presos políticos”.
Un pequeño grupo de manifestantes alineados con las consignas del espacio autodenominado Revolución Federal debió hoy descolgar las banderas colocadas en las vallas apostadas en uno de los ingresos a los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, luego de que así lo ordenara la Cámara Federal de Casación.
Las autoridades del máximo tribunal penal, que ejerce la administración del edificio emplazado en la Avenida Comodoro Py 2002, fueron las que dieron la orden de “sacar las banderas y garantizar el ingreso ordenado al predio de los tribunales”, según explicaron a Télam fuentes judiciales.
La decisión se dio luego de que un pequeño grupo de personas se presentó en el ingreso de los tribunales federales en apoyo a los integrantes de Revolución Federal y colocó una bandera con el emblema de la organización, reclamando por la libertad de los acusados.
Cuatro miembros de Revolución Federal se encuentran detenidos en el marco de una causa en la que se los imputa por incitación a la violencia colectiva y por haber intentado imponer sus ideas por la fuerza o infundiendo temor en quienes piensan distinto: se trata de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Sabrina Basile y Gastón Guerra.
Durante esta mañana, Sosa y Guerra habían sido convocados a prestar declaración indagatoria ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, ante un pedido de la defensa de los imputados que la semana pasada se habían negado a declarar y para hoy tenían previsto un descargo.
A la vez, en la Cámara Federal se llevaban adelante las audiencias por las excarcelaciones de los cuatro acusados, dado que todos apelaron el rechazo proferido en primera instancia por el juez Martínez de Giorgi, quien se opuso a dejarlos en libertad y aún debe resolver sus situaciones procesales.
La causa se encuentra delegada en el fiscal Gerardo Pollicita, quien al postular su detención los acusó de llevar adelante “un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor”.
Según su dictamen, “para poder comprender la gravedad de la actividad desplegada por la agrupación estudiada resulta inevitable mencionar la actual crisis económica, financiera y social que nuestro país se encuentra atravesando, y el estado de alarma social que hoy en día reina en razón del atentado contra Cristina Fernández”.
Los hechos fueron subsumidos en el delito 212 del Código Penal, que reprime con pena de prisión de tres a seis años a quien públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones por la sola incitación.
Además, se les imputó el delito previsto en el artículo 213 bis, que castiga con tres a ocho años de prisión “al que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.
Ambas de esas figuras fueron calificadas por la agravante prevista en la ley de discriminación para “quien aliente o incite a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.
Agencia Télam