Nación va a la Justicia para anular las concesiones en los Accesos Norte y Oeste

Alberto Fernández dijo que los contratos vigentes, basados en Decretos de 2018, son “absolutamente distorsivos y han generado un enorme daño económico al Estado nacional y, fundamentalmente, a los usuarios”.

El presidente Alberto Fernández anunció este miércoles que firmó un Decreto donde le encomendó al Ministerio de Obras Púbicas de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, “iniciar una acción que busca la nulidad” de los contratos de concesión de las autopistas de los Accesos Norte y Oeste a la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Autopistas del Sol SA (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste SA (GCO), respectivamente.

“Son contratos que, a nuestro juicio, son absolutamente distorsivos y han generado un enorme daño económico al Estado nacional y, fundamentalmente, a los usuarios”, dijo el jefe de Estado.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis señaló que los contratos “establecían una deuda injustificada, una dolarización de las tarifas y la prórroga de la concesión por 10 años”: “Pretendían que sea la gente la que pague diariamente el cumplimiento de esa deuda: hasta $1.830 por viaje en los Accesos Norte y Oeste. Hubo un negociado de los peajes que es escandaloso y por el que el presidente me ha indicado iniciar las acciones legales en los tribunales contenciosos administrativos federales”.

De este modo y dado que el Poder Ejecutivo no tiene facultad de rescindir el contrato de concesión, a través de Vialidad se presentará una acción de lesividad para que se declaren nulos los Decretos 608 y 607 firmados en 2018 durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, que “ratificaron acuerdos de renegociación y tienen por objeto reconocer y cancelar una deuda bruta por parte del Estado Nacional de U$S 813.143.839,52 (U$S 540.522.269,52 para AUSOL y U$S 272.621.570 para GCO)”, informó Casa Rosada.

Esos Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual desvirtúan “los contratos originales que surgieron de un procedimiento de licitación, cumpliendo con los principios de igualdad según la Ley 25.561 de 2002”, añaden en el Ejecutivo nacional.

“En los decretos firmados por el gobierno anterior también se les reconocieron a las concesionarias intereses capitalizables y beneficios respecto del pago de Impuesto a las Ganancias. Y se dolarizaron los Contratos de Concesión, en franca colisión con la pesificación dispuesta por la mencionada Ley de Emergencia. A su vez, se fijó un mecanismo de actualización tarifaria automática semestral, más una actualización cada vez que el índice del CER superara el 10%, y se eliminó la prohibición establecida en los contratos originales respecto de que una misma persona jurídica pudiera ser accionista del concesionario y de otra empresa titular de Concesiones Viales otorgadas por el concedente”, se explica en Casa Rosada.

“Para hacer frente a este pretendido aumento, el Gobierno Nacional fijó en febrero de este año una tarifa 20 veces menor que lo que establecía el acuerdo. De esta manera, mientras que hoy una auto paga en hora pico y de manera manual $80 en las estaciones “Debenedetti” y “Márquez”, del Acceso Norte, según la solicitud de AUSOL pagaría $1.830, esto es, 2.200% más. En el caso del Acceso Oeste, un auto que hoy paga en hora pico y de forma manual $100, de acuerdo con la concesionaria pagaría $1.072, 1.000% más”, añaden.

“Además, las concesionarias reciben canon en millones de dólares en forma directa por la explotación de las estaciones de servicio que se encuentran en ambos accesos. Pero, por el acuerdo de 2018, eso no cuenta para cancelar la deuda, lo que representa un ingreso adicional para las concesionarias. Es importante destacar también que todas las obras ejecutadas en los accesos no se financian con la tarifa de peaje, sino con un fondo público que por los mencionados acuerdos pasó a manos de ambas concesionarias. La tarifa pretendida en su casi totalidad es en beneficio propio, no para brindar servicios a las y los usuarios”, detallan sobre la problemática.

Además, el ministro Katopodis dijo que no hubo “ninguna justificación ni parámetro” para consolidar la deuda a favor de las empresas concesionarias Ausol SA y GCO SA, la cual asciende a 813 millones de dólares: “En el transcurso de 2018, el Gobierno del expresidente Mauricio Macri dictó dos Decretos, los 608 y 607, de renegociación de los contratos de concesión y adjudicación de esos corredores viales, con un conjunto de acciones que, después de un minucioso análisis, establecimos como ‘de vicio’ y que determinan la nulidad absoluta”.

En este sentido, el funcionario dijo que el expresidente “otorgó una dolarización al contrato” de las autopistas de los accesos Norte y Oeste sin que hubiera “ningún componente que justifique” la medida.

“Se determinó un ajuste del 8% anual, lo que permitió a ambas empresas tener una rentabilidad extraordinaria. En cualquier negocio o contrato de concesión de este tipo, por supuesto que no hay rentabilidad asegurada y sí riesgo empresario. Pero aquí se les otorgaba un privilegio con una rentabilidad en dólares actualizada al 8% anual”, sumó Katopodis.

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