Foto: @Barry__Ale
Sociedad

Mujeres desalojadas del Barrio 31 protestaron frente a la Legislatura porteña por soluciones habitacionales

Las integrantes de la llamada “Toma Fuerza de las Mujeres” proponían apelar a la Ley porteña N° 341, pensada para sectores vulnerables. El jueves pasado el Gobierno porteño realizó un operativo en un sector de la llamada Conteinera del asentamiento de Retiro. Aseguran que allí se construirá una escuela.

Por Redacción

Mujeres que la semana pasada fueron desalojadas junto a sus hijos de un baldío tomado dentro del Barrio 31 de Retiro (Comuna 1) marcharon este lunes por la mañana en el centro porteño y protestaron frente a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (Perú 160) para exigir una solución habitacional.

Las integrantes de la llamada “Toma Fuerza de las Mujeres”, que se extendió entre fines de junio y septiembre en un sector llamado Conteinera, lucieron distintas pancartas en su marcha desde el Obelisco hacia el palacio legislativo porteño, por Diagonal Norte.

Una alternativa que proponían era apelar a la Ley porteña N° 341, la cual establece “políticas de acceso a vivienda para uso exclusivo y permanente de hogares de escasos recursos en situación crítica habitacional, asumidos como destinatarios individuales o incorporadas en procesos de organización colectiva verificables, a través de cooperativas, mutuales o asociaciones civiles sin fines de lucro, mediante subsidios o créditos con garantía hipotecaria”.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Fiscalía en lo Penal y Contravencional Nº 11 del Ministerio Público Fiscal la CABA procedieron este jueves por la mañana al desalojo del terreno ocupado. El proceso incluyó la quema de casillas y el paso de topadoras para derribar las construcciones precarias.

Semanas atrás, el GCBA había informado que estas familias “tomaron un terreno público porteño de manera ilegal”, y señaló que “desde el primer momento, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA apeló al diálogo e implementó distintas estrategias de acercamiento en busca de soluciones conjuntas sin éxito”. “Ante este escenario, fue necesario acudir a la Justicia”, dijeron fuentes oficiales.

“El terreno (que se había) tomado es un espacio clave para el avance de la urbanización y un paso más hacia la integración social, ya que está destinado a la construcción de una escuela para los chicos del barrio. Una vez en funcionamiento, contará con nivel inicial y primario y tendrá capacidad para que asistan alrededor de 210 alumnos”, sumaron.

No obstante, este desalojo generó el inmediato rechazo de legisladores porteños de la oposición. Durante la sesión ordinaria de ese jueves muchos hicieron uso de la palabra ante lo ocurrido.

Por caso, María Bielli (Frente de Todos) dijo al respecto: “Preocupa que una vez más sea la violencia de la Policía de la Ciudad la primera respuesta del Estado para aquellos y aquellas que estaban buscando un lugar donde vivir en una ciudad que los excluye”, indicó la legisladora del Frente de Todos. Asimismo, agregó que lo ocurrido en esta jornada “es una muestra de lo que pasa sistemáticamente en el barrio Carlos Mugica, donde decenas de vecinos son expulsados porque no hay solución habitacional definitiva”.

A fines de julio, las familias habían emitido este comunicado: “Somos más de 100 (cien) familias, con niños y niñas que nos encontramos acampando en un terreno baldío usado como basural desde hace más de 6 años, ubicado en el barrio Padre Carlos Mugica. Muchas de nosotras somos mujeres que venimos atravesando situaciones de violencia de género lo que nos llevó a tomar estas tierras para tener un lugar donde vivir”.

“Desde que estamos asentadas sufrimos el hostigamiento y presión de la fuerza policial y el Viernes 16 recibimos una orden de desalojo del predio en 72hs hábiles. Queremos que se cumpla nuestro derecho a una vivienda digna como está expresado en la Constitución Nacional. Todas nosotras vivimos y nos mantenemos con trabajos precarios, independientes o por hora, incluso muchas de nosotras estamos desempleadas”, sumaron.

“Nuestros escasos ingresos no cubren nuestras necesidades básicas, cuando no nos alcanza para cubrir una canasta básica alimentaria que hoy en día está en $68.000.Sumado a que a muchas de nosotras el comedor de la secretaría de integración urbana nos recortó la comida diaria a más de 16mujeres y la de sus hijos. La no disponibilidad de alquileres, incluso informales dentro del barrio, para mujeres con niños y los elevados costos nos dejan en una situación de abandono por parte del Estado y de todos los organismos a quienes les corresponde subsanar nuestras necesidades”.

“Desde el primer día que estamos, el 30 de Junio, soportamos lluvias, viento y bajísimas temperatura, estando a la intemperie. Muchos de los niños se encuentran enfermos a causa del clima, ya que los primeros días la policía nonos dejaba ingresar elementos para resguardarnos del frío, (como colchones, frazadas, abrigos y leña, ni comida).Soportamos todas estas adversidades luchando por la única solución definitiva: una vivienda digna para nuestros hijos e hijas. Por una vida sin violencia y trabajo con derechos para todos y todas, Salud y Educación”, concluyeron.