Mercado Central Colegiales: denuncian a Juan Carlos Villalonga

Acusan al funcionario porteño de no clausurar la obra.

El funcionario porteño, titular de la Agencia de Protección Ambiental (APRA), fue denunciado por vecinos que se oponen a la instalación de una sede del “Mercado Central Colegiales”, en los playones ferroviarios de la estación homónima de la línea Mitre, que impulsa el vicepresidente de la entidad, el sciolista Alberto Samid.

Juan Carlos Villalonga es sujeto de la acción penal, por parte de vecinos que actúan bajo la colaboración técnica del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Acusan al presidente de la APRA a rehusarse en reiteradas ocasiones a clausurar la construcción, realizada -al decir de los denunciantes- “sin ni siquiera iniciar la Evaluación de Impacto Ambiental”.

Los denunciantes alegan que la Evaluación de Impacto Ambiental y la entrega, en consecuencia, del Certificado de Aptitud Ambiental debe ser en forma previa al otorgamiento del certificado de uso conforme y al inicio de las obras. En la Ciudad de Buenos Aires el Certificado de Uso Conforme se solicita en forma previa al registro de Planos.

Respecto a la obra de la sede del Mercado Central en Colegiales ya se ha otorgado el Certificado de Uso Conforme, se ha registrado los planos y las obras han sido iniciadas pero el Presidente del APrA ha decidido no cumplir con su obligación de clausurar la obra por carecer de Certificado de Aptitud Ambiental, incumpliendo a sabiendas y en forma ostensible sus obligaciones como Autoridad de Aplicación de la ley N°123.

Esta conducta “inexplicable” de Villalonga -según los denunciantes- es reiterada en su gestión. Las obras del Metrobús Norte como la del Metrobús San Martín están en plena ejecución sin contar con el correspondiente Certificado de Aptitud Ambiental. Y agregan que varios shoppings de la Ciudad están en funcionamiento sin cumplir con este requisito.

Fueron denunciados también Antonio Ledesma, Director de la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR), y a los funcionarios de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro responsables por autorizar y registrar los planos de una obra en un Distrito en el cual el Código de Planeamiento de la Ciudad no permite la instalación de una sede del Mercado Central.

Todos los funcionarios fueron denunciados por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, previsto y reprimido en el art. 248 del Código Penal. La denuncia penal cayó en el Juzgado Nacional en lo Correccional N° 13 a cargo de la jueza Patricia Guichandut.

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