Los trasplantados luchan por la reinserción laboral

Los integrantes de la Asociación Pediátrica de Trasplantes -que el pasado domingo hicieron un torneo de tejo solidario en el Centro Recreativo Holmberg de Saavedra (Holmberg 4424, Comuna 12) para costear un viaje a Salta por los Juegos Argentinos y Latinoamericanos para Trasplantados 2018- se organizan para lograr la reinserción laboral de las personas trasplantadas y visibilizar la problemática.

Aseguran que hay un gran desconocimiento en la sociedad sobre cómo es el día a día de una persona que tuvo que someterse a una intervención de este tipo. También remarcan que los empleadores suelen desistir de contratarlos.

“Después de trasplantarte te dicen “es tu vida, arréglate”, pero tu cuerpo ya no es el mismo y puede que uno tenga secuelas e incluso discapacidad. En ese estado tenés que salir a buscar un trabajo, donde las ART y los empleadores no quieren saber nada con tomar gente trasplantada”, cuenta Gonzalo Bernat, quien se realizó diálisis durante nueve años, fue trasplantado, perdió la mayor parte de la audición en ambos oídos y registra una notable pérdida en la visión. “Queremos tener garantías para trabajar. Yo me recibí en 1992 y dos años más tarde me enfermé. Tenía un título con que defenderme, pero si no, es muy complicado”, agrega.

Claudia Mosler fue trasplantada cuando tenía 15 años y desde entonces inició su vida educativa y laboral: “Trabajé en negro sin poder decir que era trasplantada. Al tiempo me tuve que intervenir y en mi trabajo se enteraron. Me dijeron por qué no lo había dicho. No me preguntaron, contesté. Esta problemática ocurre en su mayor parte por desconocimiento, es necesario que la población sepa lo que le pasa a una persona trasplantada cuando sale a buscar trabajo, cuando busca tener calidad de vida”.

En abril de 2017, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires adhirió a la Ley Nacional  26.928 (enmarcada en las leyes 23.660 y 23.661), que crea el régimen de protección integral para las personas que hayan recibido un trasplante, inscriptas en el Registro Nacional de Procuración y Trasplante,  y para quienes se encuentren en lista de espera para trasplantes del Sistema Nacional de Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA).

“En las relaciones laborales, ya sea en el ámbito público como privado, y en relación a la exigencia de los exámenes pre-ocupacionales, se prohíbe como causal de impedimento para el ingreso o permanencia de una relación laboral el ser trasplantado, donante relacionado o encontrarse inscripto en lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) con indicación médica de trasplante”, establece la norma.

“Las personas trasplantadas hacen un gran esfuerzo físico y psíquico para adaptarse a sus nuevas condiciones de vida, tanto desde el punto de vista biológico, psicológico como social. Las dificultades o la imposibilidad de desempeñar sus roles laborales y sociales constituyen un factor que aumenta el estrés de las personas trasplantadas. De ahí la importancia de esta Ley Nacional, que apunta a proteger los derechos de las personas trasplantadas teniendo una visión integral y dignificante de la calidad de vida humana”, se argumentó en los fundamentos de la adhesión porteña a la ley nacional.

En 2012, la Argentina alcanzó una tasa de 15,1 donantes por millón de habitantes, lo que la posicionó desde entonces a la vanguardia en la región en materia de donación. En 2016 los distritos con mayores donantes fueron la CABA y la provincia de Mendoza, ambos con una tasa superior a los 20 por millón.

En la Asociación Pediátrica de Trasplantes recuerdan el trámite parlamentario en la Legislatura local y señalan: “Cuando llevamos la adhesión de la Ciudad se votó y aprobó, no lo podíamos creer que las puertas estuvieran abiertas para poder plantear nuestra situación. Con la ley nacional se vivió como un peregrinaje, pero insistimos y se pudo aprobar”.

Señalan que a futuro es necesario que haya medidas que favorezcan a los trasplantados en cuanto a su economía. “Nos sirve que haya fomentos para crear microemprendimientos comunitarios a cargo de trasplantados. Entre nosotros nos cubrimos los días en que alguno tiene que hacer una internación, por ejemplo”, señala Claudia. Agrega que en la actualidad “hay beneficios fiscales (una deducción especial del 70% de las remuneraciones abonadas a empleados trasplantados o en lista de espera en el impuesto a las ganancias), lo que no hay son beneficios previsionales para un empleador de personas trasplantadas” y que podrían implementarse para generar más fuentes laborales.

Gonzalo señala que las personas trasplantadas en edad laboral son cerca de 5.000: “Cobramos una pensión los trasplantados sin empleo. La discapacidad tiene una deducción del 100% de los salarios. Los trasplantados un 70%, pese a que un trasplantado puede tener secuelas más allá del órgano afectado, como es mi caso. Pedimos que haya beneficios para poder trabajar. En vez de la pensión a cargo del Estado, que la pensión se pague con nuestra actividad laboral (monto que sale de las arcas de la ANSES, a cambio de beneficio previsional que significa un costo económico mucho menor para el Estado). Ahí nosotros obtenemos contención social, satisfacción personal y costo fiscal cero para el Estado”.

Claudia concluye: “Lo más importante es que necesitamos que se conozca en toda la sociedad la situación de un trasplantado que busca trabajo. Hoy en día se habla de la donación de órganos y está muy bien que así sea. El tema es que no habla de lo que ocurre luego del trasplante y de la necesidad de herramientas para insertarse en el mundo laboral. En noviembre en Salta se realizan los Juegos Argentinos y Latinoamericanos para Trasplantados donde habrá 350 deportistas del país y de naciones limítrofes. En 2015 se hizo el mundial en Mar del Plata. Son formas de hacer visible la situación, generar lazos y también de mostrar que sí se puede tener una buena calidad de vida luego de un trasplante”.

Fuente: Agenda Porteña