Los nuevos magistrados deben aceptar ser transferidos a la Justicia de la Ciudad
El Gobierno nacional pide conformidad por escrito de los nuevos aspirantes.
El Gobierno nacional pide conformidad por escrito de los nuevos aspirantes.
El Ministerio de Justicia de la Nación, encabezado por Germán Garavano, hizo circular entre magistrados un formulario para que los futuros jueces o aspirantes avalen ser transferidos a la justicia porteña, tal como se convalidará la semana que viene en la Legislatura local. Fuentes oficiales advirtieron que los candidatos no están obligados a firmar esta declaración, pero el presidente Mauricio Macri lo tendrá en cuenta cuando tenga que decidir el nombre del elegido en la Corte. Del mismo modo ocurre con mostrar conformidad para empezar a pagar Ganancias.
El texto de la declaración se titula “expresión de conformidad” y establece que el que firma da expreso consentimiento para someterse al régimen del Impuesto a las Ganancias. Dice, además, que para el caso que lo disponga la normativa da su conformidad “para ser transferido de la justicia nacional ordinaria con asiento en la ciudad de Buenos Aires al ámbito del Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires”, explicó IPforesional.
El Gobierno nacional y el porteño firmaron un convenio para transferir en forma progresiva los juzgados penales nacionales vacantes a la Ciudad. El traspaso contempla sólo los 54 juzgados, vocalías, fiscalías y defensorías vacantes.
El convenio lo validará la Legislatura porteña el próximo miércoles, tras reprogramar la sesión ordinaria de este jueves ante el velatorio del presidente del Consejo de la Magistratura porteño, Enzo Pagani. Una vez que la Legislatura valide el convenio, se deberá tratar en el Congreso.
Los jueces nacionales, agrupados en la Asociación de Magistrados, y el gremio de los judiciales nacionales, a cargo de Julio Piumato, se oponen a esta iniciativa y ya han hecho varias medidas de fuerza para mostrar descontento.
Denuncian el riesgo de que se realicen designaciones “por razones políticas”. El proyecto tuvo la oposición de jueces, fiscales e incluso de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional en una acordada firmada el pasado 21 de febrero contra el traspaso.