Legislatura porteña: la izquierda pide citar otra vez a Acuña, ante las denuncias a familias por las tomas escolares
En el FIT hablan de “persecución política hacia quienes defienden la educación pública”.
La legisladora Mercedes de Mendieta (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) presentó un proyecto de Resolución para citar “a la comisión de Educación a la Ministra Acuña Soledad para ser interpelada a raíz de las 25 denuncias penales realizadas a través de La Procuración General de la Ciudad, a 366 madres y padres de las y los estudiantes secundarios que tomaron las escuelas por sus reclamos en un claro acto de persecución política”. En el FIT ya habían pedido su interpelación a fines de septiembre, durante las tomas escolares.
Por medio de su Procuración General, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires demandó a más de 300 familiares de estudiantes que entre fines de septiembre y comienzos de octubre tomaron una veintena de escuelas públicas para exigir mejores viandas y cambios en el sistema de prácticas educativas en ámbitos laborales. La administración porteña considera que los adultos son responsables porque dieron su consentimiento para que los menores ocupen las instalaciones educativas.
La defensa del proyecto introduce: “La persistente persecución política hacia quienes defienden la educación pública tiene un nuevo capítulo. Una vez más la ministra de Educación Soledad Acuña y el Jefe de Gobierna H. Larreta arremeten contra los que se enfrenta a sus políticas privatistas y que estigmatiza a los luchadores. Por esa razón es que se cita a la ministra Acuña Soledad para ser interpelada por las amedrentadoras y desmesuradas 25 denuncias penales realizadas por medio La Procuración General de la Ciudad a 366 padres de las y los estudiantes secundarios que tomaron las escuelas por diversos reclamos más que justificados. La denuncia recae sobre 366 adultos responsables y hay 25 presentaciones por daños y perjuicios en concepto de días de clase perdidos, con un monto de $50.538.442,85. Son claramente un intento de amedrentar a quiénes se vienen organizando contra un modelo educativo de vaciamiento de la escuela pública”.
“La ministra Acuña y el gobierno de Larreta incluyen entre sus argumentos que sean las madres y padres de les estudiantes quiénes paguen los salarios de las y los docentes de los días de toma. Denuncia nunca antes vista y que presenta una embestida sobre la comunidad educativa y las familias que defienden la educación pública. Mientras las y los docentes están peleando contra la miseria salarial, la Ministra sube la escalada represiva. Soledad Acuña, dijo al respecto que “los adultos tienen la obligación de enseñarles a los chicos a dialogar y a participar, pero entendiendo siempre que hay otros derechos que deben respetarse y que todas esas diferencias deben poder convivir en una misma sociedad”. Palabras que desbordan contradicción por parte de una Ministra que no diálogo ni con les estudiantes, ni con les docentes ni padres y madres. No olvidemos que fue la misma Ministra que envió durante las tomas a la policía para hostigar a las y los estudiantes retomando métodos que nos recuerdan a los peores momentos de la historia argentina”, añaden en el FIT.
“Entre las múltiples demandas de las comunidades educativas podemos citar como ejemplos relevantes el hecho de recibir viandas en malas condiciones, mejorar las condiciones edilicias, además de cuestionar a través del ejercicio del pensamiento crítico las prácticas profesionales, que carecen de fundamentos y fines pedagógicos en las escuelas públicas”, suman.
“En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde que el PRO es gobierno, primero con Macri y ahora con Larreta, el presupuesto educativo pasó de representar el 24,7% en 2015 del total al 16,8% en 2022. El recorte en educación es sistemático, evidente y lesivo. Los ataques a la educación pública son constantes. Mientras crece de manera abultada el subsidio a las escuelas privadas, en los edificios de las escuelas de la Ciudad hay abandono, desidia y presencia de ratas muertas. Los ataques a las condiciones laborales son permanentes, y la docencia es blanco de adjetivaciones denigrantes y el agresivo intento de restar derechos adquiridos. Durante el 2022 se puede mencionar la reforma inconsulta al Estatuto del Docente en un claro avance de una reforma laboral, la Obra Social del personal municipal (OsBA) atraviesa un total vaciamiento. Ahora se quiere pasar por encima de los derechos de la docencia integrando jornadas institucionales bajo la falsa categoría de “capacitaciones situadas”, lo que viene siendo rechazado de manera masiva por les docentes y el sindicato combativo Ademys, como se está evidenciando en la contundencia de los últimos paros”, concluye la izquierda.