La Legislatura porteña, más cerca de sancionar el traspaso judicial a la órbita de la CABA

Este miércoles se reunieron legisladores porteños integrantes de la comisión de Asuntos Interjurisdiccionales, encabezada por Juan Nosiglia (ECO-SUMA+). Firmaron un dictamen favorable para que se trate en el Recinto de sesiones el convenio del traspaso de parte de la Justicia nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Este proyecto además debe ser validado por el Congreso de la Nación.

En la labor parlamentaria de la Legislatura porteña, sobre la sesión de este jueves 23 de marzo, está incluido el convenio en el apartado “Mociones para su tratamiento preferencial en próximas sesiones”. Está ingresado como el expediente 4030-16 y se tratará el jueves 30 de marzo.

“La autonomía porteña es una bandera histórica del radicalismo y tiene que ver, además, con cumplir con un mandato constitucional”, señaló Nosiglia y sumó: “Existe hoy una oportunidad política para avanzar en una discusión que lleva más de 20 años y que es una deuda pendiente con los vecinos de la Ciudad”.

El convenio se conforma en cuatro pasos, ya que se transferirá (de avalarlo el Congreso), la Inspección General de Justicia (IGJ), el Registro de Inmuebles, fueros penales (algunos juzgados vacantes) y la justicia del consumidor. La aprobación en el recinto tiene preferencia para ser tratada el próximo jueves y será con debate, informa Ámbito Financiero.

Uno de los convenios establece el traspaso de la competencia en temas de consumidores que incluye el pase de ocho Juzgados Nacionales de Primera Instancia en las Relaciones de Consumo; tres Fiscalías; tres Defensorías Públicas Oficiales; seis vocalías de la Cámara Nacional de Apelaciones; Fiscalía ante la Cámara Nacional de Apelaciones y una Defensoría. Otro proyecto también despachado es sobre la transferencia de la IGJ (en todas las materias no federales), agrega el matutino citado.

El tercer convenio es para traspasar competencia penal no federal relativa a delitos contra las personas, el honor, la integridad sexual, la libertad, la propiedad, la seguridad pública, el orden público, la administración pública y la fe pública. El cuarto convenio es para la trasferencia del Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) en todas las materias no federales, lo que incluye transferencia de bienes y del personal, lo mismo que en el discutido caso de IGJ.

El titular del Consejo de la Magistratura porteña, Enzo Pagani, festejó la iniciativa. Sin embargo, los trabajadores judiciales fueron al paro el martes y miércoles porque aseguran que perjudicará sus salarios y su estabilidad laboral.

Además, el bloque Suma+ y a la diputada nacional por la Unión Cívica Radical, Carla Carrizo, entregaron a las autoridades de los bloques de Senadores y Diputados Nacionales de la UCR una declaración para solicitar apoyo en la transferencia.

“Después de dos décadas, el congreso recibe los convenios de traspaso. Será un proceso complejo por los intereses en juego pero ningún privilegio puede anular el derecho consagrado en la constitución nacional”, dijo Carrizo al respecto.

De este encuentro participaron Nosiglia, Hernán Rossi, Patricia Vischi, Marcelo Guouman, Inés Gorbea y Natalia Fidel; el Senador Ángel Rozas; los Diputados Nacionales Carla Carrizo, Héctor Olivares, José Riccardo, Teresita Villavicencio, Patricia Giménez, Miguel Bazze, Alejandro Echegaray, Francisco Torroba.