La izquierda quiere declarar la emergencia edilicia en escuelas públicas porteñas

Legisladores del FIT presentaron un proyecto de ley porque la infraestructura “atraviesa un cuadro alarmante”.

Los legisladores Marcelo Ramal y Laura Marrone, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), presentaron en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de ley para declarar la Emergencia Educativa en materia edilicia de los establecimientos educativos de gestión estatal dependientes de la CABA por dos años.

“El objetivo de la misma  es asegurar en las instituciones educativas de la Ciudad las condiciones mínimas para el desarrollo de la actividad pedagógica, en lo que comprende a infraestructura edilicia, el mobiliario, y los servicios sanitarios para docentes, auxiliares y alumnos, así como los servicios de electricidad, gas, calefacción, agua, ventilación y  refrigeración”, asegura el artículo primero del proyecto.

También llaman a crear Comisiones Distritales de Relevamiento y Control de obras de infraestructura educativa, a razón de una por distrito escolar: “Las mismas  estarán integradas por miembros electos y revocables de docentes, padres, directivos, cooperadores, sindicatos docentes, centros de estudiantes, supervisores y representantes de las áreas de infraestructura y mantenimiento del Ministerio de Educación de la Ciudad”.

En los fundamentos, Marrone y Ramal afirman: “La situación de la infraestructura escolar de los establecimiento de gestión estatal dependientes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires atraviesa un cuadro alarmante. Desde distintos sectores de la comunidad educativa se ha reclamado la declaración de la Emergencia edilicia escolar sin obtener respuesta”.

“Un informe del cuerpo de delegados de las Asociaciones de Cooperadoras de la Ciudad –  mayo de 2015, da cuentas  de un relevamiento edilicio realizado en 96 escuelas de 10 comunas.  El resultado fue que el 72% de la comunidad educativa lo califica como malo, así como también a las prestaciones de las empresas tercerizadas de servicios que no cumplen con los objetivos formulados. El informe citado asegura que en el marco de la Ley de Emergencia  de la Infraestructura de los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal de la Ciudad, entre 2008 y 2013 se aprobaron más de 2.338 millones de pesos para las escuelas.  Pero esa inyección de fondos no se tradujo en mejoras, porque las obras se demoran y no se ha utilizado más del 65% de los fondos comprometidos”, añaden.

“Los montos de las partidas presupuestarias destinadas para infraestructura escolar han quedado congelados para 2015, lo que en términos reales termina siendo un recorte de 26%. Naturalmente la planificación presupuestaria para el año 2016 no sólo se basa sobre el presupuesto congelado del año inmediato anterior en materia de infraestructura, si no que la propia sub ejecución del presupuesto asciende al 77.5 % del gasto de capital  en 9 meses de dicho año (de acuerdo a un informe del Instituto de Pensamiento y Política Públicas). Esta sub ejecución repercute directamente  en el presupuesto 2017 destinado para infraestructura y equipamiento el cual representa el 1, 4 %  de la masa presupuestaria de la Ciudad”, destacan en el FIT.

“El presente proyecto propone la concentración del conjunto de recursos financieros, humanos y materiales disponibles para la puesta en marcha de un plan de obras inmediato y dar respuesta a esta acuciante necesidad de toda la comunidad educativa. Buscamos con ello evitar el riesgo físico que la situación actual conlleva para grandes sectores de alumnos y trabajadores de la educación, y frenar el daño que se está realizando, por las condiciones propias de estudio, a la posibilidad de alcanzar los objetivos pedagógicos propuestos por los docentes. Al mismo tiempo encomendamos el control de este plan a la comunidad educativa que ha puesto el problema de manifiesto, frente a la evidente insuficiencia de los controles oficiales que deberían alertar la situación”, concluyen los legisladores.

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