La Defensoría General porteña lleva a Ginebra su preocupación por las pistolas taser

El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires (MPD) elaboró un informe sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en la CABA, en el marco de la quinta revisión periódica sobre la Argentina.

En su carácter de organismo defensor de los Derechos Humanos, el MPD realizó este aporte para que el Comité, conformado por expertos y expertas en Derechos Humanos, evalúe de modo completo e integral la vigencia del Pacto Internacional en la República Argentina.

El escrito, firmado por el Defensor General Horacio Corti, plantea la preocupación del órgano local de acceso a la Justicia por el fallo judicial que dio luz verde al Gobierno porteño para adquirir las denominadas pistolas Taser.

En este punto cabe señalar que el ministro de Seguridad de la CABA, Martín Ocampo, descartó ante la consulta de Pura Ciudad que esté en los planes del actual Ejecutivo avanzar en la compra de esos dispostivos que producen una descarga eléctrica y pueden convertirse en un elemento de tortura. Pero lo cierto, es que, a instancias de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, podría hacerlo si así lo decidiera.

“La Defensoría General de la Ciudad, a través de la campaña “¿Te paró la policía?” identificó un aumento de la violencia institucional en contra de poblaciones estigmatizadas” luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que, por mayoría, el maximo tribunal argentino entendió que “la policía tiene implícitamente entre sus atribuciones -para llevar adelante la prevención del delito y velar por el orden y la seguridad pública- la facultad de solicitar documentos a cualquier persona en la vía pública”, señala Corti en su presentación ante la ONU.

Libertad de expresión, de opinión y derecho a la intimidad

Corti lamenta en el documento del MPD que el protocolo para la actuación de las fuerzas de seguridad elaborado por el Gobierno nacional anterior haya sido dejado sin efecto por la administración que encabeza Mauricio Macri.

Según ése protocolo, los efectivos de las fuerzas policiales debían abstenerse de de impedir el registro de imágenes o testimonios por parte de la prensa.

“Lamentablemente, el Gobierno actual dictó un nuevo protocolo represivo que no garantiza los derechos de los periodistas ni de los manifestantes”, afirma Horacio Corti, al tiempo que sostiene que “este protocolo no resulta acorde a los estandares internacionales de Derechos Humanos”.

Este documento se presenta ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para que sea materia de discusión con el Estado en su 117º período de sesiones, el próximo 29 y 30 de junio.

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