La Defensoría del Pueblo de la Ciudad pidió una cautelar ante la CIDH contra el 2×1
Su titular, Alejandro Amor, argumenta que con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se violó la Convención Americana de Derechos Humanos. También presentó una cautelar en el máximo tribunal argentino.
El Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, denunció este martes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la violación de la Convención Americana de Derechos Humanos que significa el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), y presentó una medida cautelar en la que solicita que cite al Estado Argentino y que cesen los efectos de la resolución emitida por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco.
La Defensoría porteña también se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por “privar de Justicia a toda la sociedad”, repudió el fallo y acompañó copia de la demanda presentada en sede internacional contra el Estado argentino, según informó en una comunicación oficial.
“El fallo es inconvencional e insconstitucional porque está conmutando la pena en situaciones donde está prohibida la conmutación y prohibido el indulto. La sentencia expresada por la mayoría no es un fruto racional del orden jurídico, esta sentencia corroe y lastima las bases de la institucionalidad Argentina. En los términos previstos en el artículo 36 de la Constitución Nacional, esta sentencia significa un atentado contra el orden institucional y el sistema democrático y desata una crisis institucional insospechada”, aseguran desde la Defensoría.
Luego de afirmar que desde 1994, la comunidad argentina ha adoptado un nuevo contrato político que es un paradigma en el cual se jerarquiza constitucionalmente los instrumentos internacionales de derechos humanos, la entidad que preside Alejandro Amor afirma que “la denuncia ante la Corte declara que los tres lamentables votos de la mayoría configuran una privación de Justicia a toda la sociedad, que la paz es la esencia íntima del derecho, que es siempre un instrumento al servicio de ella y una técnica para la solución pacífica de controversias”.
“Tres votos políticos que reafirman como nunca la convicción de que el punto de partida lo lanzó como un grito en nuestra historia Julio Cesar Strassera: “Sr. Presidente, Nunca Más” y que debemos reafirmar. Recordando siempre que los derechos se conquistan y se defienden. La Argentina los había conquistado. Ahora hay que volverlos a conquistar y defenderlos. Ni un paso atrás. Por la memoria de quienes no están. Por el presente del Pueblo Argentino. Por el futuro de la Patria”, concluyeron en la Defensoría porteña.
En tanto, este martes el fiscal federal Guillermo Marijuán solicitó que se abra una causa judicial contra los jueces de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes con su voto avalaron que se aplicara el cómputo del 2×1 para beneficiar a Luis Muiña, un militar condenado por crímenes de lesa humanidad y abrió esta posibilidad a cientos de casos similares.
El pronunciamiento por una denuncia del abogado y ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el MST, Marcelo Parrilli, quien denunció a los magistrados por “prevaricato”.
“Este acusador público considera que la solución brindada por los juristas podría contrariar el contrato social de los argentinos y la política de Estado sostenida por sus tres poderes para perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar”, argumentó Marijuán en su dictamen.