Intiman a la Ciudad a garantizar las clases virtuales de los alumnos que no asisten a presenciales

Una de las grandes consecuencias del contrapunto entre el Gobierno de la Ciudad y el Decreto de Necesidad y Urgencia de la Nación acerca del dictado de clases, tiene que ver con el “limbo” que se generó para aquellos alumnos/as cuyos padres decidieron que no concurran a las escuelas pese a que las mismas sigan abiertas. En ese marco, la Justicia intimó a la administración porteña a que garantice la virtualidad escolar.

La Ciudad decidió en la semana anterior desconocer el DNU que obliga a suspender las clases presenciales, y decidió mantenerlas. Pero ello no implica que el dictado sea normal. Además de los aislamientos forzados por contagios dentro de las burbujas, hay centenares de niños, niñas y adolescentes que no están concurriendo a las escuelas por decisión de sus familias, que lo consideran riesgoso.

Allí se forma una paradójica situación, en la que estos quedan afuera de todo tipo de contenido en muchas de las escuelas. Los directivos sostienen que la presencialidad obligatoria está vigente (como era hasta mediados de abril). Y por eso, no se encargan de dictar clases de manera virtual como sucedió en el ciclo lectivo pasado.

Por caso, Pura Ciudad constató de primera mano que escuelas de gestión pública porteña informaron a los padres que no estaban autorizadas a brindar un cronograma de clases virtuales, pese a que lo habían organizado tras el anuncio presidencial.

Desde el sindicato SADOP, plantearon que hay algunas escuelas que sí, por el contrario, lograron acordar con docentes y padres/madres la virtualidad. Pero reconocieron que en la mayoría de las otras, suceden ejemplos como los mencionados.

Dentro de este marco, el Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Nº13 de la Ciudad, a cargo de Guillermo Scheibler, ordenó al Gobierno porteño que en un plazo de un día “acredite la vigencia de la medida cautelar” que exige el no cómputo de faltas o quita de vacantes a quienes decidan faltar en estos días y el dictado de medidas destinadas a “garantizar la escolaridad virtual”.

“No se advierte monto alguno para limitar su alcance, más que su simple desacuerdo”, consideró el juez. En el caso de que se mantenga el incumplimiento, el magistrado Scheibler precisó que podría aplicar sanciones conminatorias “en la persona de la ministra de Educación, Soledad Acuña”, quien debería pagar 50 mil pesos por día de desacato como responsable del área.