Impulsan la creación de la Oficina Anticorrupción porteña
La autora de la iniciativa parlamentaria, María Inés Gorbea, señala que la Ciudad no tiene “un organismo que se encargue exhaustivamente de promover calidad institucional y profesionalización en la gestión de lo público”.
La legisladora porteña María Inés Gorbea, presidenta de la bancada Evolución, presentó un proyecto de ley para crear la Oficina Anticorrupción de la Ciudad de Buenos Aires. Postula que sea un “organismo con legitimación procesal, independencia funcional y autarquía financiera”.
El año pasado la legisladora había impulsado una ley anticorrupción para el ámbito público de la Ciudad. Ahora, con este proyecto de ley busca que exista un organismo específico para esta tarea. Señala que si bien existe la Ley de Ética Pública N° 4895, la Auditoría y la Sindicatura porteña, el Poder Ejecutivo puede incidir en estos organismos al remover a sus funcionarios.
La Oficina Anticorrupción de la Ciudad de Buenos Aires estará a cargo de un Secretario de Transparencia y Anticorrupción, con rango y jerarquía de Secretario y que durará seis años en el ejercicio de su función pudiendo ser reelecto por una única vez, es la propuesta de ley. Estará compuesta por la Dirección de Investigaciones y la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia.
“A la fecha, la Ciudad no ha logrado avanzar en la creación de un organismo que se encargue exhaustivamente de promover calidad institucional y profesionalización en la gestión de lo público, y de combatir la impunidad frente a hechos de corrupción para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción vigentes desde 1997 y 2006 respectivamente (art. 10 CCABA)”, alerta la referente de Evolución.
“Esta deuda no puede imputarse a la trasferencia gradual de competencias penales de la justicia ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires, pues la persecución y condena penal por los delitos vinculados a la corrupción es tan sólo una arista en un sistema de lucha contra la corrupción, y su efectividad en términos de impacto es relativa en sociedades con altos grados de corrupción en el sector público y privado”, señala Inés Gorbea.
“Entendemos innecesario ahondar en los motivos de la eficacia y necesidad de sancionar una ley que prevea la creación de una Oficina Anticorrupción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, frente a los acontecimientos que son de público y notorio conocimiento, en relación al nivel de corrupción que impera no sólo en nuestra sociedad sino en el seno de la Administración Pública”, concluye la legisladora.