Habrá una manifestación en el Obelisco contra la quita de pensiones por discapacidad

La movilización, que se gestó en redes sociales, contaba con casi 60.000 adhesiones al momento de pubicarse esta noticia.

En redes sociales convocan a una movilización contra la quita de pensiones por discapacidad que impulsa el Gobierno nacional. Se hará este jueves a partir de las 18 al pie del Obelisco, en el barrio porteño de San Nicolás (Comuna 1).

El breve mensaje expuesto por los organizadores de esta convocatoria explica: “No dejemos pasar por alto esto. Exigimos que se reinstituyan todas las pensiones por discapacidad. Compartan el evento y difundan por favor. Si ellos no pueden defenderse, nosotros lo haremos por ellos”.

Esta iniciativa cuenta con más de 54.000 interesados y 15.000 usuarios dijeron que asistirán al evento. Si bien en los hechos la concurrencia es enormemente menor, esta convocatoria logró poner en contacto a familias de personas con discapacidad que atraviesan un duro momento ante este anuncio del Gobierno nacional.

Muchos famosos y personalidades de redes sociales, entre ellos la actriz y activista para la concientización sobre autismo Inés Estévez, lograron que esta convocatoria tenga una magnitud aún mayor.

De todos modos, ante el nivel de expectativa y temor que generó en la población este anuncio, el Gobierno nacional informó que se revisarán los casos que estuvieron “mal sacados” cuando se aplicó el decreto 432 de 1997 que regula la entrega de pensiones, a la vejez y por invalidez. Además, aclararon: “No se está haciendo una baja masiva, ni mucho menos”. Dijeron que sólo se habían dado de baja aquellas pensiones otorgadas de manera irregular durante gobiernos pasados.

La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, declaró que es absolutamente falso que haya una baja masiva de pensiones: “Quiero llevarle tranquilidad a las familias, al más de un millón de pensionados, que seguimos trabajando como siempre, con el mismo sistema, como todos los meses y con iguales criterios. Trabajamos con distintos cruces administrativos, de ninguna manera políticos. Me enoja que traten de usar este tema políticamente y generando miedo en familias que realmente necesitan la pensión y a quienes les quiero llevar la tranquilidad de que la van a seguir teniendo”.

De todos modos, la diputada nacional Gabriela Troiano (Partido Socialista), miembro de la Comisión de Discapacidad, informó: “Nuestros mails, teléfonos y el Facebook explotaron, todavía no terminamos de armar el listado de denuncias pero cuando lo hagamos se lo enviaremos a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Desarrollo Social”, dijo Troiano, que esta tarde se comunicó con la ministra Carolina Stanley. Le dijo que “es inconstitucional la aplicación del decreto a través del cual se dieron de baja las pensiones”.

Troiano también presentó un pedido de derogación del decreto e hizo un planteo ante la Organización de Naciones Unidas (ONU). “Esto es una situación emblemática, que se les saque este derecho a las personas con discapacidad”, sostuvo.

En Argentina 12,9% de la población (5.114.190 personas) tiene algún tipo de discapacidad. En la Ciudad de Buenos Aires el número se corresponde con 10% de los ciudadanos, alcanzando a un total de 300.000 personas.

Reclamo del Defensor del Pueblo porteño

Por su parte, el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, exigió a las autoridades nacionales que suspendan “inmediatamente la medida por la cual se dejaron sin efecto pensiones no contributivas”.

Amor solicitó a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, que revise todas las pensiones caso por caso; se rehabiliten las pensiones suspendidas y se conforme una comisión de revisión de pensiones que esté integrada por la Defensoría del Pueblo y los organismos encargados de los temas de discapacidad.

Asimismo, reclamó la conformación de un padrón único y público bajo la ley de protección de datos personales para poder revisar todos los casos. Y por úlitmo, que se cumpla con un plazo de notificación fehaciente para que las personas afectadas puedan cumplir con el derecho a la defensa.

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