Gallardo rechazó apartarse de la causa por el operativo de la Policía porteña frente al domicilio de Cristina

El juez porteño Roberto Gallardo rechazó la recusación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) en la causa en la que dispuso el cese de la actividad de la Policía local relacionada con la custodia y seguridad al domicilio de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ubicado en el barrio de Recoleta, donde el 27 de agosto fueron reprimidos simpatizantes de la exmandataria que mantenían una vigilia en su apoyo.

“No comparto ninguno de los extremos planteados” por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que, “por ser improcedentes y carentes de sustento fáctico” y jurídico, “no deberían prosperar”, sostuvo el juez en su informe a la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, que deberá resolver el pedido de apartamiento formulado desde el Gobierno porteño.

En su pedido, el Ejecutivo encabezado por Horacio Rodríguez Larreta había expuesto que el magistrado ordenó una serie de medidas judiciales sin que se lo pidieran las partes y que, “como acostumbra suceder en las causas que tramitan en ese Tribunal”, Gallardo “ha decidido suplir la actividad de las partes, confundiendo su rol de director del proceso”.

Al plantear la recusación, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires cuestionó al magistrado por haber ordenado que el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño “abandone las funciones de seguridad en el área geográfica de las calles Uruguay y Juncal y aledaños conforme lo determine las fuerzas de seguridad federal”.

Dos días después de la represión ejercida el 27 de agosto pasado por la Policía de la Ciudad sobre los militantes que se encontraban congregados en la puerta del domicilio de la Vicepresidenta, el juez Gallardo le había ordenado al jefe de Gobierno porteño que “cese de forma inmediata la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia” del domicilio de la Vicepresidenta por considerar que esa tarea le correspondía a la Policía Federal.

“El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pretende apartarme del conocimiento de la causa basándose en una serie de afirmaciones dogmáticas y carentes de todo fundamento y sin justificar en concreto, en ningún caso, como se habrían configurado las supuestas transgresiones al ordenamiento procesal”, afirmó Gallardo en el informe al que tuvo acceso Télam.

La acción de amparo la había iniciado el 27 de agosto último el dirigente social Juan Grabois para que “se levanten las vallas colocadas sobre la calle Juncal en su traza entre las calles Paraná Uruguay y Talcahuano” se “garantice la libertad de circulación de las personas, los derechos a la libertad de expresión en su faceta de derecho a manifestarse en la vía pública”.

Luego se presentaron Ofelia Fernández (como habitante y diputada de la ciudad) y los también legisladores porteños Claudia Neira y Claudio Ferreño, quienes adhirieron al amparo.

Más tarde fue promovida otra causa a instancias de Paula Penacca, Mariano Recalde, Javier Andrade, Franco Vitali y Juan Pablo Modarelli, invocando su carácter de asistentes y/o convocantes “a la movilización y concentración que se está llevando a cabo en el cruce de las calles Juncal y Paraná y alrededores, en protesta contra la persecución judicial que está sufriendo la Vicepresidenta de la Nación”.