Familiares de víctimas de Cromañon acusan al Gobierno de la Ciudad de “maltrato institucional”

Familiares de víctimas de la tragedia de Cromanón aseguran que el Gobierno de la Ciudad comete un “maltrato institucional” contra ellos. Este grupo que incluye a sobrevivientes del incendio en el boliche ocurrido en 2004 responsabiliza a las autoridades por incumplir la ley de reparación integral que la Legislatura porteña sancionó en 2013 para que ellos reciban asistencia oficial.

Esta normativa consideró obligatoria la ayuda por parte del Gobierno de la Ciudad para sobrevivientes y familiares de víctimas de Cromañón, en materia de tratamientos médicos, salud mental y controles neumonológicos. De hecho, se creó un Programa de Salud Integral, destinado a atender las necesidades de los damnificados por la mayor tragedia no natural de la historia porteña.

La ley, además, dispuso la entrega de un subsidio económico mensual y fijó la creación de una Comisión de Seguimiento de la aplicación del programa, para evitar situaciones como las denunciadas. Sin embargo, según el planteo, “hay un incumplimiento constante de las normativas vinculadas a la masacre de Cromañón”.

Al respecto detallaron que hay “falencias en el servicio de asistencia, ausencia de reuniones de la Comisión estipuladas en dos por año, y olvido de convocar a los legisladores a participar de esos encuentros”. A su vez, indicaron que la asistencia médica y psicológica que reciben resulta “desastrosa”, y que deben hacerse cargo del arrendamiento de los nichos en el cementerio de Chacarita, donde descansan los fallecidos, cuando la ley fijaba que estos serían gratuitos y perpetuos.

En relación a los nichos, Silvia Bignami, mamá de Julián Rozengardt e integrante del llamado Movimiento Cromañón, detalló que en la última semana, los familiares de los fallecidos recibieron en sus correos electrónicos una comunicación del Gobierno porteño en la que se los insta a acercarse al Cementerio de Chacarita a realizar los trámites de renovación de los mismos. De acuerdo a la normativa antedicha para los damnificados por el incendio, esto debería darse de manera automática, dado que está garantizada la continuidad del servicio.

Consultada por Télam, la legisladora del Frente de Todos Victoria Montenegro, a cargo de la Comisión de Derechos Humanos, coincidió con el planteo de sobrevivientes y familiares de víctimas de la tragedia. La diputada porteña sostuvo que se da “un destrato y una falta de respeto” desde el Gobierno de la Ciudad hacia este grupo, y llamó a las autoridades a “no desampararlos”.

En paralelo, como informó Pura Ciudad, el Movimiento Cromañón presentó un proyecto para expropiar el predio de Bartolomé Mitre 3036, donde se produjo la tragedia. La intención es “resguardar los elementos testimoniales que hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria histórica colectiva de la Ciudad”, haciéndose cargo el Gobierno porteño de su preservación. Posteriormente, aspiran a crear allí un espacio para la memoria.