Falta de vacantes y edificios abandonados ¿Una solución para dos problemas?

El 17 de noviembre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires publicó los listados con los nombres de todos los alumnos que quedaron confirmados para el ciclo lectivo 2018. Volvió entonces a estar en agenda el debate por la falta de vacantes escolares para menores de entre 45 días y tres años, situación que volvió a acontecer este año. Mientras las familias reclaman ante autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, hay vecinos que piden reutilizar edificios y lotes abandonados, con riesgo sanitario, para construir inmuebles educativos.

Esto sucede, por ejemplo, en el barrio porteño de Nueva Pompeya (Comuna 4), donde hay grupos de familias que están movilizadas desde 2003 para que el edificio de Diógenes Taborda y Santo Domingo tenga un nuevo uso. Este martes hicieron una concentración Santo Domingo y Alberto Einstein para protestar. Afirman que volverán a las calles el viernes. Miguel Ángel Peñaloza es vecino y cuenta a Agenda Porteña: “La situación está igual o peor por la gravedad de emergencia sanitaria. La zona está declarada en Emergencia Urbano Ambiental por la Ley 3.059. Sigue igual a pesar que en la Legislatura porteña, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y desde la propia Junta Comunal 4 se impulsó una iniciativa legislativa de transformarlo en un emprendiendo educativo”.

Peñaloza hace notar que la comunidad quiere darle un uso para generar vacantes ya que “la única escuela es de 1890, conocida como La Banderita en Pepirí y Amancio Alcorta y es solo primaria”. “El edificio (de Diógenes Taborda y Santo Domingo) se fue depredando y abandonando con roedores, mosquito de dengue, basura. El edificio es de la Ciudad, a su lado funcionan las oficinas comerciales”, agrega.

El vecino de Nueva Pompeya se refiere a la falta de vacantes toda la Ciudad de Buenos Aires: “Fácilmente dependiendo de la cantidad de niños en escolaridad desde 1 año a 17 cerca de 12.000 personas no tienen resuelto la matrícula y acceso a la educación pública. Además del serio problema de que muchas madres necesitan jardines maternales para poder ir a trabajar”.

Estos son datos que brindó el Ministerio de Educación de la Ciudad en 2016 ante una presentación judicial. El número, cerca de 12.000 vacantes pendientes (10.500 de nivel inicial y más de 500 de nivel medio), es refrendado por el grupo de familias que se organizó bajo el nombre “Vacantes para todos en escuelas públicas”. Patricia es docente y una de las impulsoras. En 2014 su hijo quedó sin espacio para nivel inicial. “Es un ataque a la familia trabajadora la falta de escuelas y vacantes. En ese entonces estaba en lista de espera. Luego vi que había 200 pibes en espera. Es un eufemismo decir “espera”, porque es una forma sistemática. Estuve un mes sin dormir, había muerto mi madre al poco tiempo y si no trabajábamos con mi marido, ni ahora ni en ese entonces, podíamos comer. En el caso de una familia donde todos trabajan sentís toda la angustia y la bronca cuando ves que vulneran a tu hijo un derecho que es constitucional”, dice ante Agenda Porteña.

“Ellos (funcionarios de Ciudad) dicen que es obligatorio desde los 4 años, eso es mentira. El artículo 24 de la Constitución porteña dice que el Estado es responsable de garantizar escolaridad desde los 45 días de vida. El Estado se compromete desde los 45, la familia desde 4”, afirma.

La ministra de Educación capitalina, Soledad Acuña, al defender el Presupuesto 2018 de su cartera, informó que el año próximo se construirán 10 nuevas escuelas. De los $222.382.000.000 para todas las áreas de la administración de la CABA, Educación recibirá cerca de $40.000.000.000, lo que implica una inversión de uno de cada $5,5 del total. La funcionaria dijo también que desde 2008 esta cartera construyó 64 nuevos edificios escolares, “41 de los cuales se encuentran en la zona sur de la Ciudad”.

Sin embargo, para las familias que no tienen vacantes “las promesas no alcanzan”, tal como afirma Patricia, quien añade: “Logramos desde el trabajo colectivo la apertura de la escuela Carlos Fuentealba en 2014 (Parque Patricios, Comuna 4), que empezó su ciclo lectivo este año, y hay un galpón en Venezuela 3269 (Balvanera, Comuna 3) que será escuela luego de cuatro años de lucha. Logramos que se asigne presupuesto. Estaba prometida para marzo. No sé si llegan con las obras de acondicionamiento”.

Si bien festeja estos logros, afirma que no es suficiente la iniciativa popular: “Necesitamos un proyecto integral en cada barrio”. En la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires son varios los proyectos para hacer escuelas, polideportivos y polos, en especial en zona sur. No han tenido dictamen para llegar al recinto de sesiones y convertirse en ley. “Hacemos responsables a casi todos los bloques, no es una problemática que sea abordada políticamente”, afirma Patricia.

Las legisladoras porteñas Paula Penacca y Lorena Pokoik (Frente para la Victoria) presentaron en la Legislatura porteña un proyecto para expropiar el inmueble ubicado en la avenida La Plata 2030 (Comuna 5) para construir una escuela pública de nivel inicial y un Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC). Fundamentaron: “La comunidad del barrio de Boedo necesita una institución educativa pública y de gestión estatal que atienda la necesidad de los niños y niñas desde los 45 días, hasta los 5 años, que no pueden acceder a una escuela cercana a su domicilio debido a la carencia de infraestructura escolar en la Comuna. Así, resulta imperioso que la afectación y construcción del establecimiento educativo, sea para la creación de una Escuela Infantil”.

La bancada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) presentó iniciativas para crear un polo educativo en el límite de los barrios de Flores (Comuna 7) y Nueva Pompeya (Comuna 4), en el Distrito Escolar 19. Se lograría con la trasferencia de un terreno del Gobierno porteño ubicado en Riestra 2350 a la órbita del Ministerio de Educación porteño.

Además, impulsaron cuatro proyectos de ley para que abran tres nuevas escuelas públicas de gestión estatal en Lavardén 330 (Parque Patricios, Comuna 4), avenida La Plata 2859 (Nueva Pompeya, Comuna 4), Lafuente 2617 (Bajo Flores, Comuna 7) y un polideportivo en Brandsen 2810 (Barracas, Comuna 4). Pedían además destinar parte del terreno comprendido entre las calles Barros Pazos, Martínez Castro, avenida Lacarra y avenida Cruz (en el cual funcionan las escuelas 24/19 y EEM 5/19) para la construcción de una escuela primaria de gestión estatal  y un natatorio en Villa Soldati (Comuna 8).

En los fundamentos de este último proyecto, la bancada del FIT afirma que la situación de vacantes debe ser atendida por los cambios urbanos que se producirán en zona sur: “La falta de escuelas, de todos los niveles, para la población actual de los barrios que integran el Distrito Escolar 19 es un problema acuciante que se ve multiplicado por la matrícula creciente demandada por la Villa 1-11-14 y las que demandarán las 982 nuevas viviendas de Tilcara y Perito Moreno y la Villa Olímpica entre 2018 y 2019”.

Más allá de los reclamos ante el Ministerio de Educación y en la Legislatura porteña, las familias que piden por vacantes este año empezaron a “implementar como una nueva medida reclamar a los tres poderes del Estado porque son todos responsables”. “Hay causas judiciales abiertas por la construcción de escuelas que están paralizadas en la justica. Por eso, este año empezamos con un grupo de abogados que se ofrece ad hoc en estos casos para presentar amparos individuales. Fueron 150 en 2017. El 95% obtuvieron vacante a través del amparo. Esa es la manera de tener una respuesta favorable, pero sabemos que va en detrimento de lo que ellos dicen calidad educativa. Lo que hacemos hacinar niños en aulas. Los nenes que entran por amparo los ponen en un espacio en el que en realidad no entran”, lamenta Patricia.

También refuta a las autoridades porteñas y afirma, desde su rol docente, que “los Centros de Primera Infancia (CPI) son guarderías, no lugares educativos”: “Tampoco dependen del Ministerio de Educación, sino de Desarrollo Humano y Hábitat. En los CPI las personas que están a cargo no necesariamente tienen que ser maestros, por lo tanto no tienen las mismas obligaciones ni los mismos derechos que un docente. Son contratados precariamente de marzo a diciembre con convenios laborales de la institución que hizo el acuerdo con el Gobierno porteño”.

“Tienen los funcionarios una reunión con vecinos y estamos con los carteles. Van a la radio y le llenan de mensajes. Trabajamos para hacer visible esta situación. Estamos mejor organizados que otros años, hemos ampliado nuestras expectativas. Seremos tantos que sonaremos tanto y nos escucharán los funcionarios”, concluye Patricia.

Fuente: Agenda Porteña