En el FdT piden suspender la concesión del acarreo de vehículos y que haya una nueva licitación
Juan Manuel Valdés asegura que Dakota SRL y BRD “operan el negocio con el contrato vencido desde hace 21 años” y que “pagan al Gobierno porteño un canon mensual de $55.000 cada una” pero ambas recaudaron en 2021 unos $547.000.000.
El legislador porteño Juan Manuel Valdés (Frente de Todos) presentó un proyecto de Ley con el objetivo de suspender la concesión del acarreo de vehículos en la Ciudad de Buenos Aires hasta que se concrete la licitación.
“Frenemos el negociado de las grúas. Presenté un proyecto para suspender el acarreo hasta que Larreta regularice a las 2 empresas a cargo con concesiones vencidas hace 20 años. Juntan millones, molestan a los vecinos y sus papeles no están en regla”, expresó el representante.
El articulado del proyecto establece: “Suspéndase en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la concesión del servicio de acarreo hasta tanto se efectivice la licitación correspondiente. El Poder Ejecutivo arbitrara los medios necesarios para garantizar el acarreo de los vehículos que obstaculicen las rampas, plazas de estacionamiento y/o cualquier otro espacio destinado a la accesibilidad de personas con discapacidad”.
En la defensa, Valdés expone: “La concesión del acarreo en la Ciudad de Buenos Aires está en manos de Dakota SRL y BRD Sociedad Anónima, Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria (SAICFI), dos empresas que operan el negocio con el contrato vencido desde hace 21 años. Dakota y BRD ganaron la licitación en 1990 mediante el decreto Nº 4922/1990. La concesión se venció en marzo de 2001, sin embargo, la empresa siguió operando el servicio, avalada en un artículo del Pliego de Bases y Condiciones”.
“Recién en 2011, se produjo la primera modificación del Código de Transporte en lo relativo a acarreo, y se estableció una cláusula transitoria poniendo plazo para una nueva licitación por un término determinado para luego pasar el sistema a cargo del Poder Ejecutivo. Ese plazo se fue prorrogando desde el 2011 a la fecha, manteniendo el servicio de acarreo en manos de las mismas empresas, haciendo uso abusivo de una cláusula transitoria. Como si fuera poco, a las irregularidades de forma se suman las vinculadas a las erogaciones presupuestarias del Gobierno de la Ciudad y los dudosos pagos que éste recibe por parte de las empresas”, se añade.
“Esto es, Dakota SRL y BRD Sociedad Anónima, Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria (SAICFI) pagan al gobierno porteño un canon mensual de $55.000 cada una para operar el servicio, según fuentes oficiales. El monto está congelado desde 2014, cuando la tasa de acarreo salía $350, mientras a la fecha cuesta más de $6.000. Es más, hace menos de un mes esa cifra también incluía la concesión de los viejos parquímetros y máquinas tickeadoras para el cobro del estacionamiento medido. La empresa BRD y Dakota, no presentó balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ) en los últimos 4 años, sin embargo es la beneficiaria de todo lo recaudado por el acarreo de vehículos. En 2021, fueron 125.000 los acarreos realizados por estas dos concesionarias, lo que elevó su facturación a $547 millones, según el cálculo en base a datos oficiales y el costo del acarreo en ese período. A pesar de lo anterior, el gobierno porteño apenas recibió $1,3 millones de esos fondos, el 0,2%”, se describe.
“Es verdaderamente preocupante observar el perjuicio económico que esta situación supone para la ciudadanía porteña, que tiene que soportar aumentos mensuales de ABL, y viene siendo destinataria de un 53% de incremento en la presión tributaria desde que el PRO asumió el poder en la Ciudad, mientras las empresas son favorecidas descaradamente. BRD y Dakota además de gozar del beneficio de ver congelado su canon, tienen el plus de que el Gobierno de la Ciudad asuma parte de sus costos, pagando el sueldo no solo de los agentes de tránsito que van a bordo de la grúa para labrar las infracciones de tránsito sino también haciéndose cargo de pagar el 20% de los salarios de los trabajadores de ambas concesionarias”, concluye el legislador.