Empapelaron viviendas ociosas para pedir su expropiación

Integrantes de la Consejería de Viviendas, Proyecto 7 y Amigues de la Calle empapelaron viviendas ociosas de la Ciudad de Buenos Aires con la leyenda “No faltan viviendas, faltan derechos”. Solicitan la expropiación de aquellos inmuebles que estén sin uso y no sean destinados a la habitabilidad.

El afiche añade: “Viven hoy en la calle 7.251 (son datos del censo no oficial de gente en situación de calle, hecho por entidades civiles; para el GCBA son cerca de 1.146 este año), 2.273 que perdieron el trabajo, 871 niñxs ¿cuántxs podrían vivir acá? Ni casas sin gente, ni gente sin casas: Expropiación ya”.

Semanas atrás, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) informó que en la CABA hay 138.328 viviendas ociosas, según la conclusión de un estudio en base a consumo eléctrico. Antes, por datos de censos, se creía que superaban las 300.000.

Estas tres entidades, que trabajan sobre vivienda y situación de calle, emitieron este comunicado: “La crisis habitacional en CABA no es algo nuevo y se agrava por su crecimiento exponencial. Sin embargo, en 2019 el presupuesto para vivienda fue un 8% menor al año anterior, recorte que no sufrieron la publicidad o las fuerzas represivas. Para Rodríguez Larreta, no es tanta la gente que vive en la calle, sino que muchas y muchos vienen a CABA a “pasar el día”. El censo del gobierno porteño dice que son 1.146 personas que viven en las calles, cifra mucho menor a las 7.251 que arroja el 2° Censo Popular de Personas en Situación de calle. Es alarmante saber que de ellxs, 871 son niñas y niños”.

“El IVC y el Min. de Desarrollo Humano y Hábitat están lejos de brindar soluciones a esta problemática, no aportan propuestas concretas, por lo que el drama de los desalojos aumenta día a día acrecentado por la crisis económica y la voracidad del mercado inmobiliario. A su vez, la desregularización total de los alquileres y la falta de acceso a la vivienda definitiva, hacen que hoteleros e inmobiliarias planteen sus propias reglas, con el visto bueno del estado. En el marco de la deuda con el FMI, inmuebles y tierras públicas que pudieran tener un fin social, son rematados para obtener las migajas a que los compran los grandes terratenientes urbanos. Creemos que todo este panorama no hará más que aumentar la población que carece de un derecho tan básico como un techo, y que ya es momento de actuar para revertir estas injusticias. La crisis golpea muy duro a la clase trabajadora, que ve amenazado su trabajo, su salud, su vivienda”.

“Recientemente, el IVC junto a organizaciones, Defensorías y ONGs han relevado 138.328 casas ociosas. Entendemos que es un primer paso para evaluar medidas impositivas que desalienten la existencia de viviendas vacías. Sin embargo, ante el panorama de crisis habitacional que describimos anteriormente, creemos que son necesarias medidas decisivas y urgentes, como pueden ser la expropiación de casas tapiadas y la garantía de su uso social en caso de ser del estado (incluso las de herencia vacante). ¿De qué valen sólo las medidas a largo plazo si cada año son más lxs muertxs por el frío, más lxs niñxs en la calle, y se siguen a la intemperie una nueva ola de desocupadxs por la crisis? Por eso consideramos necesario visibilizar la crisis social en la que nos encontramos, en contraste con la disponibilidad de terrenos y casas ociosas ¿Cómo es posible que haya personas sin casa en la misma calle donde hay casas vacías, a la espera de una revalorización de sus precios? Hoy nuestra propuesta es instalar esta reflexión en el ideario común, que todxs empecemos a preguntarnos qué significa el derecho a la vivienda y preguntarnos ¿casas para la gente o casas para el mercado?”.

“Por ello empapelamos casas y terrenos tapiados, demandamos al estado una propuesta de medida urgente ante esta crisis social: que no haya ni casas sin gente, ni gente sin casas. Por la expropiación de la vivienda y tierra ociosa, para apostar a un modelo de alquiler y vivienda social, con control popular sobre la regulación de precios de la renta y sobre el destino de la tierra y la vivienda de la ciudad. El estado es responsable”, concluye el comunicado.