El juez Roberto Gallardo fue apartado de la causa por el túnel de la Avda. Balbín
El magistrado, que frenó tres veces las obras para hacer un viaducto en el barrio de Saavedra, fue recusado por el Gobierno de la Ciudad. El caso quedó ahora en manos de Elena Liberatori.
El Gobierno porteño y la empresa Autopistas Urbanas (AUSA), que tiene a su cargo la construcción del túnel, lograron que el juez Roberto Gallardo fuese separado de la causa que iniciaron vecinos del barrio porteño de Saavedra (Comuna 12), con el objetivo de frenar la construcción de un cruce bajo nivel de las vías del ferrocarril Mitre, a la altura de la estación ferroviaria Luis María Saavedra.
Ahora, la causa fue trasladado al juzgado de Elena Liberatori, en tanto que la apelación a la precautelar dictada por Gallardo tendrá que resolverla la Cámara.
El proyecto del paso bajo nivel para el cruce de ls vías del tren Mitre por la avenida Balbín fue presentado en 2014, cuando el jefe de Gobierno porteño era Mauricio Macri, y un año después de las trágicas inundaciones de abril de 2013.
Automáticamente despertó el rechazo, primero de comerciantes y luego de vecinos, que sostienen que las obras empeorarán la capacidad de drenaje en caso de fuertes lluvias. En ese entonces, hicieron una presentación y lograron un fallo que mantuvo las obras frenadas por dos años.
A finales de agosto de 2016, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta recibió un fallo a favor de segunda instancia e inicio los trabajos, pero horas después, nuevas presentaciones vecinales lograron frenar las obras una y dos veces más, siempre por decisión de Gallardo, hasta llegar a la situación actual, en que los trabajos fueron interrumpidos a poco de ser iniciados , y la circulación al tránsito está cerrada.
Desde la Ciudad afirman que la paralización que hubo entre el 31 de agosto y 9 de octubre de este años se perdieron 9 millones de pesos y hoy, por día, las obras frenadas cuestan $ 142 mil .
Entre los planteos del Ejecutivo porteño, se destaca el hecho de que el juez no contempla las sentencias de un tribunal superior e insiste con la interrupción. “El único objetivo de Gallardo es que la obra se paralice cuantas veces sea necesario”, se quejaron en la recusación.
Para el freno último, Gallardo se basó en hechos nuevos incorporados al expediente: la falta de consulta del Gobierno porteño al Comité Interjurisdiccional de la Cuenca Arroyo Medrano (un ente nacional y provincial que se formó este año); la ausencia de un modelo que permita testear cómo se comporta el agua sin el túnel y cómo lo hará con él; y la aparición de un audio en el que ingenieros de la obra habrían dicho estar inseguros y preocupados sobre los efectos que podría provocar el túnel en la cuenca.
“La recusación fue una operación del Gobierno porteño. Me apartaron de la causa el mismo día en que se iba a hacer una audiencia esencial, en la que los ingenieros se iban a reunir con los vecinos para reafirmar o desconocer sus dichos”, dijo Gallardo en declaraciones a Clarín. En caso de que los desconocieran, el juez tenía planeado pedir una pericia a la Policía Federal para verificar que el audio no estuviese editado.
Desde el Gobierno porteño no dan información sobre esa grabación. Tampoco hablaron los ingenieros de la obra. En cambio, difundieron un informe en el que aseguraron que “el paso bajo nivel no modificará las condiciones actuales de la cuenca del Medrano y que la cantidad del agua que irá al arroyo seguirá siendo la misma y dependerá de las lluvias que se registren”.
Además, el GCBA comenzó a realizar una encuesta telefónica para saber qué proporción de vecinos se opone al proyecto y cuántos están a favor.