El Gobierno porteño presentó ante la Corte Suprema un amparo para suspender la quita de coparticipación
El texto presentado por la Procuración General de la CABA dice que es ilegal y arbitrario el Decreto nacional que quita 1,18% de los recursos federales que recibe la Ciudad para dárselos a la Provincia de Buenos Aires.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presentó este viernes por la mañana ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una demanda en la cual promueve una acción de amparo donde plantea la inconstitucionalidad y solicita una medida cautelar en relación al Decreto 735/2020 del Gobierno nacional que reduce la coparticipación que recibe la CABA (el coeficiente baja del 3,5% al 2,32%) para crear con ese monto el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.
Según la denuncia, ese Decreto “en forma manifiestamente inconstitucional por su ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, reduce unilateralmente el porcentaje de coparticipación en flagrante violación a derechos y garantías constitucionales que se invocan”.
El texto presentado por la Procuración General de la CABA -firmado por María Cristina Cuello y con el patrocinio del Procurador Gabriel Astarloa- pide que “se restablezca en forma inmediata el derecho de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a percibir el porcentaje de participación equivalente al 3,5 % originado en el Consenso Fiscal”.
Se solicita a la Corte que ordene “al Estado Nacional que se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el decreto cuestionado y/o que altere el coeficiente de la CABA o disminuya los recursos correspondientes a la transferencia de competencias federales”.
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En otro de los puntos de la presentación, se solicita que “se declare la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto 735- PEN- 2020 (BO 10-9-2020) del Poder Ejecutivo Nacional, por ser ilegal y arbitrario en modo manifiesto, así como de todo acto administrativo o norma que se hubiera dictado o se dicte en el futuro como consecuencia del dictado de aquél”.
La denuncia pide que “se recomponga la integralidad de los fondos del Tesoro Local que deben ingresar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme el porcentaje de coparticipación del 3,5%”. Solicita que se ordene “la restitución de los fondos ilegítimamente retraídos por aplicación del decreto cuestionado, con más los intereses legales devengados hasta su efectiva percepción por parte de la Ciudad”.
La presentación ocurre a un día del encuentro cara a cara entre el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Si bien fue por el avance de la pandemia, también hablaron de la coparticipación y ambos mandatarios ratificaron sus posturas.
La Corte, sin plazos para dar una respuesta
La Corte Suprema de Justicia no tiene plazo para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la quita de un punto de coparticipación, pero todo indica que el máximo tribunal se abocaría a un tratamiento rápido, como suele hacer con los pedidos de relevancia política y cuando se solicita una medida cautelar.
Si bien la Corte es la única instancia en la Justicia que no actúa dentro de plazos procesales, existe una dinámica que se da en cada composición de los máximos tribunales y que se acelera cuando se piden medidas para preservar derechos vulnerados.
La Corte, presidida por Carlos Rosenkrantz, suele hacer los jueves las reuniones de acuerdo, para resolver los temas ya analizados por las secretarías y firmar resoluciones, acordadas o sentencias.
Todos los días, los secretarios letrados y sus asesores trabajan en los recursos que llegan a la Corte y cada ministro lo firma cuando se define una postura a través de los votos, que luego se analizan en las acordadas para llegar a consensos de mayoría que definen la postura del máximo tribunal.
La petición de la Ciudad tendrá ese recorrido: secretarios letrados, ministros y acordada, en el ritmo que la Corte decida darle según las prioridades de sus miembros, consigna Télam.