Recoleta: el GCBA reanudó la demanda iniciada en 2014 contra la ONG Basta de Demoler
En la entidad patrimonialista afirman que “esta demanda constituye además un ataque a la democracia, porque busca amedrentar y silenciar la acción de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil que hacen uso de herramientas consagradas por la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad: el derecho al reclamo y el acceso a la Justicia”.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reanudó la demanda iniciada en 2014 contra la ONG Basta de Demoler, Santiago Pusso y Sonia Berjman, los amparistas en la causa judicial que motivó la paralización de las obras la estación de subte de la Línea H “Plaza Francia” de Recoleta (Comuna 2) durante casi un año debido a que la plaza “estaba protegida por una ley que impedía cualquier tipo de intervención que la dañara”. En el GCBA les reclaman el pago de $24.000.000.
Según el Gobierno de la Ciudad, la acción de amparo fue motivada por “cuestiones políticas con la sola intencionalidad de obstruir la gestión de gobierno y las obras en la Plaza Alvear”. La demanda recayó en el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario N° 6, secretaría 12, a cargo de la jueza Patricia López Vergara.
“El juicio estuvo suspendido por 7 años, por cuestiones procesales y el aparente desinterés del gobierno porteño en continuarlo. Ahora el GCBA insiste en su intención de amedrentar a todo ciudadano que recurra a la justicia para evitar decisiones abusivas que atenten contra el patrimonio arquitectónico o histórico de nuestra ciudad”, informó la ONG en un comunicado.
“En febrero de 2012 comenzaron trabajos de excavación en la Plaza Intendente Alvear para la construcción de la Estación “Plaza Francia” de la Línea H del subte; simultáneamente, comenzaron a talarse añosos árboles y destruirse la histórica barranca. Basta de Demoler, junto con Sonia Berjman, historiadora especializada en paisajismo y con una larga trayectoria en el estudio, difusión y defensa de los parques históricos, presentaron un amparo para detener las obras, que fue concedido primeramente como una medida pre-cautelar por el Juez Guillermo Scheibler. Posteriormente la medida fue confirmada por el juez Zuleta. Los fundamentos presentados por los amparistas se basan en que la Plaza Alvear está declarada Área de Protección Histórica (APH 14 – Ámbito Recoleta), que prohíbe la extracción de árboles y especies vegetales y la modificación del diseño, caminos y senderos. También se argumentó que la Ley 317, que establecía la traza de la Línea H, determinaba su ubicación “en Plaza Francia, en inmediaciones de Av. Del Libertador y la Facultad de Derecho”; es decir, en frente de la ubicación donde comenzaron las obras a cargo de SBASE”, rememoran en Basta de Demoler.
La ONG presentó además “informes técnicos que cuestionaron que las bocas de acceso de pasajeros, además del daño ambiental a la plaza, no se ubicaban en la zona de mayor afluencia de pasajeros (hacia la Facultad de Derecho, las terminales de colectivo de la zona y el Centro Municipal de Exposiciones), sino hacia la plaza, lo que hubiera sobrepasado la capacidad de carga de la misma, desvirtuando su carácter de esparcimiento para transformarla en un nudo peatonal”.
“Mientras la obra estaba paralizada, la Legislatura comenzó a tratar un proyecto para relocalizar la estación en las cercanías de la Facultad de Derecho y el Centro Municipal de Exposiciones bajo el nombre de “Estación Facultad de Derecho”, integrando a las paradas de colectivos existentes, y con conectividad a futuras estaciones de las líneas del ferrocarril Mitre, Belgrano Norte y San Martín, para continuar por debajo de la Villa 31 y conectar con la Línea C en Retiro. La Ley 5233, modificatoria del trazado definitivo de la línea H se votó en la Legislatura el 11 de diciembre de 2014. Finalmente, en febrero de 2013, SBASE informó la relocalización de la estación a la Facultad de Derecho y la recuperación de la Plaza Intendente Alvear. Hoy en día, la plaza está recuperada y la estación se encuentra en pleno funcionamiento desde su inauguración, en el año 2018”, agrega.
“Gracias a este amparo, la plaza hoy está restaurada y accesible a todos los ciudadanos, y la estación fue relocalizada debajo del playón lindero a la Facultad de Derecho, donde atiende a las necesidades de acceso diario de 25.000 alumnos hacia la facultad, y las de quienes concurren al Centro de Convenciones de la ciudad, sin violar ley alguna”, reflexionan en Basta de Demoler.
“Esta demanda es insólita por la gravedad de sus implicancias: no conocemos precedentes de un ataque semejante de un Gobierno contra una ONG cuyo objetivo es el bien común y el bienestar de los habitantes. Consideramos que es inconstitucional porque como ciudadanos estamos legitimados a interponer recursos de amparo en defensa del medio ambiente y el patrimonio natural y cultural: la Constitución establece esta acción “expedita, rápida y gratuita“, que la podrá interponer cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos de incidencia colectiva. Esta demanda constituye además un ataque a la democracia, porque busca amedrentar y silenciar la acción de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil que hacen uso de herramientas consagradas por la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad: el derecho al reclamo y el acceso a la Justicia”, concluyen en la entidad.