El GCBA clausura tres hoteles por semana, pero reabren en forma clandestina

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) encabezada por Ricardo Pedace (ex Policía Metropolitana y PFA), clausuró el año pasado 178 de los 3.486 hoteles y pensiones inspeccionadas. Si bien el cálculo da un promedio de tres fajas rojas en los frentes por semana, en los hechos muchos continúan de puertas abiertas.

Los barrios de Constitución, San Telmo (Comuna 1), Balvanera y San Cristóbal (Comuna 3) son los lugares con mayoría de casos de alojamientos clausurados. El año pasado hubo más de 69.000 inspecciones, según datos oficiales.

“Desde la AGC corroboramos que los alojamientos no estén funcionando de manera clandestina, o sea sin habilitación y violando las medidas reglamentarias de seguridad e higiene”, le dijo a Clarín el jefe de los inspectores de la AGC, Gustavo May. “Cuando tenemos que controlar las típicas pensiones barriales, ya desde afuera detectamos irregularidades que nos dan el indicio de que el edificio no está en condiciones de ser utilizado y puede presentar un riesgo a los clientes”.

“Cuando no nos permiten el ingreso al establecimiento, avisamos a la fiscalía correspondiente para que nos envíe apoyo policial y así podemos entrar”, continuó May, que por mes firma un promedio de 10 solicitudes de allanamientos a hoteles. En el trascurso del año pasado se realizaron 200 allanamientos en el rubro de hoteles. En esos casos se procede a allanar un lugar por orden de un juez cuando el propietario por segunda vez no permite realizar la inspección correspondiente.

En este contexto, también existen los “hotelados”, que son personas que están en situación de calle, pero reciben un subsidio habitacional otorgado por el Gobierno de la Ciudad. Con un monto mensual de 4.000 pesos, alquilan un cuarto en un alojamiento.

“Cualquier habitación arranca en $ 3.500, pero en las pensiones cobran por persona, y una familia con más de tres hijos tiene que alquilar dos cuartos”, le dijo a Clarín Mónica de Russis, voluntaria de la ONG Amigos en el Camino.

El último informe socio habitacional del Consejo Económico y Social de la Ciudad (CESBA), informó que la población porteña que vive en inquilinatos, pensiones y casas tomadas comprendía unas 103.963 personas.

Agrupaciones sociales y políticas denuncian que como los hoteles son la última alternativa para gente de bajos recursos (no se pide garantía ni depósitos como las inmobiliarias), los dueños piden sumas elevadas por mes y también por día. Hay hoteles en Once donde se solicitan más de 400 por día para dormir.

Según pudo saber Pura Ciudad a través de distintas fuentes, otro aspecto es que muchas veces las madres solteras no son recibidas, por lo que terminan en asentamientos precarios ante la falta de recursos. Testimonios de este tipo se escucharon en nuestra recorrida por el asentamiento La Veredita, del sur porteño. A personas trans o migrantes en algunos hoteles las discriminan, añadieron voces del barrio de Once. Muchas veces los conserjes les dicen que no hay habitaciones o simplemente no les abren la puerta.

En las pensiones y hoteles muchas veces hay un grupo o familia que busca ejercer la comandancia del lugar. Esto genera conflictos todo el tiempo, más aún si estos cabecillas están envueltos en ventas de droga o regenteo de prostitución.

Agrupaciones sociales de Once alarman que existen casos de connivencia policial donde los grupos líderes de hoteles pegan a las comisarías locales para que les dejen ejercer la venta de drogas en los mismos hoteles. También pasa con la prostitución. Muchos de los volantes repartidos entre Plaza Miserere y alrededores llevan a piezas de pensión donde hay varias mujeres que trabajan en simultáneo.

Los vecinos de estos edificios por miedo a represalias no hacen denuncias. Ni ante la policía ni ante organismos como la AGC. Esto sumado ante la constante violación a las fajas de clausura, sin consecuencia por parte del Estado porteño, dan un marco de impunidad, que aprovechan ciertos grupos para mantenerse en la ilegalidad, lo que condena a personas desfavorecidas, que no tienen otro sitio donde conseguir un techo.