El Frente de Todos de la CABA le dice “Nunca Más al espionaje ilegal”

El Frente de Todos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitió un comunicado público titulado “Nunca Más espionaje ilegal”. A nivel local, rechazan el supuesto uso de efectivos de la Policía de la Ciudad para tales fines.

Está en curso una investigación sobre el accionar de integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Cambiemos en el Poder Ejecutivo de la Nación (2015-2019).

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el vicejefe local, Diego Santilli; la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, entre otros funcionarios de distintas extracciones partidarias, se constituyeron como querellantes ya que estaría probado que fueron espiados de forma ilegal.

Este lunes Silvia Majdalani, exsubdirectora de la AFI, se presentó en los Tribunales de Lomas de Zamora para prestar declaración indagatoria en el marco de la causa a cargo del juez Juan Pablo Augé, la cual investiga el presunto espionaje ilegal sobre la casa de Kirchner y Instituto Patria en 2018. Es una de las partes de la investigación sobre el accionar de la Agencia.

Majdalani negó durante la indagatoria que se hayan hecho tareas de espionaje político, sino que se trató de “tareas de observación y vigilancia ante alerta de posibles hechos antisistémicos”, en el marco del G20 hecho en la Ciudad de Buenos Aires en 2018.

Este martes hizo lo propio Gustavo Arribas, exjefe de la AFI. Fue a pedido del juez Augé y el requerimiento formulado por los fiscales Cecilia Incardona y el fiscal Santiago Eyherabide.

El comunicado introduce: “El FDT manifiesta su profunda preocupación y repudia la utilización de organismos de inteligencia del Estado, con participación de la Policía de la Ciudad, para la persecución ilegal de dirigentes políticos, periodistas, funcionarios y organizaciones sociales y de Derechos Humanos”.

“En 2012 Mauricio Macri, por entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fue imputado por asociación ilícita, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos, junto con las máximas autoridades de la Policía Metropolitana. La justicia entendió que el entonces Jefe de Gobierno, sirviéndose de la estructura de la Policía Metropolitana y de recursos del Estado había conformado una asociación ilícita que “pinchaba” teléfonos de dirigentes políticos de la oposición, sindicalistas, referentes sociales, dirigentes empresariales, miembros de la iglesia católica e incluso a miembros de la propia familia Macri, entre otros. Por lo que dispone posteriormente, su procesamiento, condición que no se interpuso en su carrera presidencial”.

“Ya en 2016, en ejercicio del poder del Estado, Mauricio Macri fue sobreseído y la causa elevada a juicio oral con once imputados, por la Sala I de la Cámara Federal. En noviembre de 2016, en la Legislatura porteña se aprobó la ley 5.688 de “Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, que dio origen a la estructura de la actual Policía de la Ciudad. Una nueva policía con perspectiva en Derechos Humanos”.

“Hoy queda en evidencia que ese ideal de una policía diferente, se diluyó en las manos de quienes tenían la responsabilidad política-institucional de su conducción, el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y el Vicejefe de Gobierno y Ministro de Seguridad Diego Santilli. Que en lugar de fortalecer el espíritu y sostener los principios con los que fue creada, la hicieron partícipe de una estructura ilegal, estatal y paraestatal, montada a través de la Agencia Federal de Inteligencia”.

“Según las pruebas documentadas a instancias judiciales, la estructura delictiva se conformaba por miembros de la Policía de la Ciudad, narcotraficantes, barrabravas y servicios de inteligencia. Ellos recolectaban información que posteriormente clasificaban y entregaban a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, responsables de la AFI, así como también a otros funcionarios de la máxima confianza de Mauricio Macri, con el objetivo de presionar y perseguir”.

“El grado de sincronización entre los miembros y sus habituales visitas a Casa Rosada, muestran la gravedad política e institucional de los hechos que se investigan. Tal es la gravedad que llega hasta la utilización de recursos de la Ciudad para el sostenimiento de esta estructura ilegal. Es parte de nuestra responsabilidad velar por los derechos de quienes fueron objeto de la utilización de la estructura estatal para ser espiados y perseguidos, estructura que llegó a incluir en sus listas opositores políticos, periodistas, y hasta a referentes de su propia fuerza política”.

“Exigimos la mayor diligencia judicial, para que los responsables de estos hechos rindan cuentas; como también exigimos la interpelación al Jefe de Ministros, Felipe Miguel, y de todos aquellos funcionarios con responsabilidades ineludibles por su rol de gestión, quienes hasta el momento no han dado explicaciones, haciendo caso omiso a las diferentes citaciones y pedidos de informe solicitados desde este espacio político en la Legislatura porteña. Debemos decir “NUNCA MÁS” a estas viejas prácticas mafiosas que, a través de la utilización inescrupulosa del Estado, violenta el ejercicio democrático, poniendo en riesgo la vida y calidad institucional del país y la Ciudad”.