El Comité contra la Tortura de la ONU condenó el ataque de prefectos a chicos de la Villa 21-24

El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) expuso este lunes un diagnóstico sobre los incumplimientos del Estado argentino a las obligaciones que surgen de la Convención contra la tortura. Resaltó un caso de torturas infligidas por prefectos contra jóvenes de la Villa 21-24 del barrio porteño de Barracas (Comuna 4) en septiembre del año pasado, por lo que se detuvo a seis uniformados que están alojados en el penal de Marcos Paz.

El CAT condenó las prácticas policiales abusivas y las detenciones sin orden judicial de jóvenes de barrios populares. Exhortó al Estado a “garantizar un proceso judicial efectivo e imparcial” en el caso de torturas infligidas a Ezequiel Villanueva e Iván Navarro por agentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en la Villa 21-24.

A fines de septiembre del año pasado, estos dos jóvenes de 15 y 18 años fueron detenidos por la Policía Federal Argentina (PFA) y luego torturados por agentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA). Estos hechos fueron denunciados en su momento por La Garganta Poderosa y el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).

El sábado 24 de septiembre de 2016, cuando uno de los jóvenes volvía a su casa en el asentamiento y se encontró con su amigo. “Yo me acerqué para darle un abrazo a y un oficial, así, de la nada, directamente vino y me pegó una trompada”, narró el joven a la Garganta. Ambos fueron requisados y luego liberados. Momentos después, cuatro prefectos a bordo de tres móviles volvieron a interceptarlos y, en esta ocasión, los detuvieron.

“Nos tiraron adentro de un coche y nos llevaron hasta la garita de Osvaldo Cruz e Iguazú, para cagarnos a palos”, denunció uno de los chicos. “Nos subieron a otro auto, pero primero nos taparon la cabeza y nos obligaron a sentarnos uno encima del otro”, agregó. Siempre según su relato, los llevaron hasta un descampado lindero al Riachuelo, detrás de una fábrica, sobre el Camino de sirga. “Cuando ya había unos 10 prefectos, uno dijo que nos iban a matar, porque total nadie nos iba a reclamar”, contó.

Los jóvenes explicaron que recibieron trompadas en la cara y palazos en las piernas. “Nos obligaron a tirarnos al piso y hacer flexiones de brazos, hasta que uno le saltó sobre la espalda” a uno de ellos “y otro me preguntó a mí dónde quería el tiro”. Los agentes, según denunció, “alterados, como sacados”, los “esposaron a un caño y dispararon varios tiros al aire”, mientras les quitaban las camperas “que supuestamente habíamos robado”. “Se reían cuando nos ponían un cuchillo en el cuello y nos decían que también les parecían lindas nuestras zapatillas, nuestras cadenitas, nos sacaron todo”. Uno de los prefectos, contaron, puso su arma en la nuca del menor, para obligarlo a rezar: “Dale, un Padre Nuestro para que no te mate, dale”, decían. Al final, los soltaron, los encañonaron por la espalda, con una escopeta, y los amenazaron: “Corran bien rápido, o van a ser boleta”.

Semanas más tarde, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, repudió los casos de torturas. “Fueron dos etapas, la primera se comprobó, tengo entendido que están presos los gendarmes (en referencia a los prefectos). Es una barbaridad ese tipo de torturas. Son unos delincuentes, tienen que estar presos y punto, más allá de que sea o no gendarmes, o sea quien sea”, afirmó Larreta en diálogo con radio FM Blue.

“También es cierto que no hay que generalizar, no es que en la Prefectura son… (todos torturadores), son personas particulares que están dentro de la Prefectura, como hay delincuentes en todos lados, por desgracia”, sostuvo el mandatario local. Aclaró que sin embargo que el caso denunciado por la revista La Garganta Poderosa “para nada empeña a la fuerza en general, donde la gran mayoría es gente de bien y trabajo”.

También la CAT remarcó los malos tratos de las fuerzas de seguridad a las personas trans y travestis, migrantes y afrodescendientes. En cuanto a estas primeras, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires había un proyecto para pedir informes al Poder Ejecutivo local. Se instó al Estado a derogar el DNU 70/2017 que facilita la detención y acelera la expulsión de las personas migrantes, expuso el CELS.

Los expertos del Comité destacaron los logros del proceso de memoria, verdad y justicia por crímenes de lesa humanidad en la Argentina pero alertaron sobre las demoras en las causas judiciales y el reciente debilitamiento de las dependencias estatales que apoyan sus investigaciones.