Critican el proyecto oficial sobre arreglos de vereda y piden declarar la situación de emergencia

La Fundación Rumbos y REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad) hicieron críticas al proyecto oficial sobre modificar la normativa de arreglos de veredas, que aplica más controles a frentistas y empresas de servicios. Además, piden que se declare la situación de emergencia, a tono con un proyecto de ley consensuado entre bancadas de oposición y entidades de la sociedad civil.

“Entendemos que el proyecto oficial no garantizará veredas accesibles y seguras. Sólo garantizará una interminable gestión de reparaciones deficientes y muy rentables para los contratistas privados que el Gobierno designe, tal como viene sucediendo a lo largo de los últimos 10 años. Sólo que de aprobarse el proyecto oficial, los frentistas se convertirían en clientes cautivos de estos contratistas. Una ciudad con veredas inseguras e inaccesibles, no es moderna, inclusiva ni amigable. Por el contrario, perjudica en gran medida la calidad de vida de sus habitantes y visitantes, especialmente de la población más vulnerable. De aprobarse el proyecto del ejecutivo, los frentistas se verán perjudicados económicamente y los peatones seguirán sufriendo veredas y vados mal diseñados y construidos”, afirman en una comunicación oficial.

“Después de 10 años de gestión en la ciudad, celebramos que por primera vez se esté dando tratamiento en Legislatura a la problemática del estado de las veredas de la Ciudad de Buenos Aires”, introducen en su comunicado, pero hacen recordar que previo a las iniciativas del Poder Ejecutivo local “los legisladores (Marcelo) Ramal, (Laura) Marrone (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) y (Adrián) Camps (PSA) presentaron el 20 de septiembre el proyecto de ley 2643-D-2017 “declarase la emergencia en la conservación de veredas y vados”, con el objetivo de garantizar el tránsito seguro y la accesibilidad para todos los peatones, especialmente para quienes tienen movilidad reducida (personas con discapacidad y adultos mayores) en veredas y cruces peatonales”.

“Este proyecto, avalado por la sociedad civil, propone un Plan Integral de Reparación y Mantenimiento de Veredas que, para las etapas de diseño y planificación, incorpora a organizaciones de personas con discapacidad, y en la etapa de control a las Comunas y sus respectivas entidades vecinales. También fija criterios de accesibilidad y seguridad necesarios, tanto en el diseño de los cruces peatonales como en el de sendas alternativas cuando la vereda es intransitable”, aseguran las ONG.

En el comunicado público, las entidades recuerdan que 40 días más tarde, el Poder Ejecutivo presentó dos proyectos de ley para crear un nuevo régimen para la gestión, administración y fiscalización de permisos de aperturas y/o roturas en la vía pública” y sobre la regulación, mantenimiento y reparación de veredas. Ambos tuvieron dictamen favorable la semana pasada.

“Sobre el proyecto del Ejecutivo queremos destacar un error conceptual: Se insiste en la responsabilidad primaria del frentista en la construcción, mantenimiento y reparación de la vereda a pesar de que él no es el principal causante de las roturas.  En su exposición presupuestaria ante la Legislatura Porteña del 13 de noviembre el ministro (de Ambiente y Espacio Público, Eduardo) Macchiavelli reconoció que un 64% de las roturas de las veredas son generadas por empresas de servicios. Si sumamos el 12% de las roturas causadas por raíces de árboles, resulta que en el 76% de los casos el frentista no tiene responsabilidad alguna. Además, el Ministro aclaró que su área está autorizando 800 aperturas diarias en veredas de aquí a fin de año y a lo largo del 2018. Esto equivale a 228.800 aperturas, resultando en una apertura cada dos frentistas, y un promedio de 5 aperturas por cuadra en toda la ciudad. En este contexto, insistir en la responsabilidad primaria del frentista es un sinsentido”, exponen las entidades.

“A su vez, el proyecto del GCABA, reproduce la tendencia de la gestión actual de hacer recaer en los vecinos una pesada carga económica, expresada en este caso por la erogación que implica la construcción de una vereda. Y esta carga representa una doble imposición dado que los vecinos ya pagan su ABL que se destina al cuidado del espacio público. Además, el proyecto pretende eximir al Gobierno de su responsabilidad solidaria en casos judicializados de caídas en la vía pública, y que ésta recaiga con toda su fuerza sobre el frentista. En un contexto de altos incrementos en los servicios e impuestos y de despidos y bajas salariales previstas desde las políticas económicas del gobierno nacional, se trata de una imposición ciertamente incumplible”.

También afirman que “el frentista no es propietario de la vereda, tampoco lo es de la calle, ni del resto del espacio público”: “Hay un problema estructural, en el cual el entramado de itinerarios peatonales de la vía pública se entrelaza con las múltiples y cambiantes redes de infraestructura subterránea y aérea, presentándose situaciones de alta complejidad. Delegar en los vecinos la obligación de construcción y mantenimiento de la superficie de vereda, disociándola del complejo espacio público en el que se encuentra inserta, no hace más que dar continuidad a la grave crisis actual.  El conjunto de los frentistas no puede garantizar la continuidad de la vereda – a saber, 100 metros lineales sin desniveles ni pendientes pronunciadas – indispensable para generar itinerarios peatonales seguros y accesibles. Por tanto, no corresponde responsabilizarlos por la seguridad de los peatones. Es imprescindible una política pública en la que el Gobierno asuma la responsabilidad global del control, reparación y construcción de las veredas porteñas”.

“En este sentido, sería saludable que el Gobierno reconociera que estamos ante una Emergencia Sanitaria de dimensiones epidemiológicas. Según un estudio del Hospital Italiano sobre caídas de adultos mayores, 3 de cada 4 se caen en la vía pública y 7 de cada 10 de ellos por tropezar. En otras ciudades importantes del mundo, esta población suele caerse en sus hogares y no en la vía pública. Pero no son solo los adultos mayores quienes sufren a diario el desastroso estado de las veredas. Lo sufren también las madres con cochecitos de bebé, las personas usuarias de sillas de ruedas, scooters, o con dificultades al caminar, así como las personas con baja visión. Sin embargo, el proyecto presentado por el ejecutivo ni se molesta en dimensionar el riesgo que implican veredas rotas para los peatones”, es otra de las críticas hechas a la administración local.

“Otro grave error del proyecto oficial consiste en omitir la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad para garantizar que las obras se hagan de acuerdo a sus necesidades.  Esta participación es obligatoria según los artículos 4.3 y 33.3 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con rango constitucional según la ley nacional 26.378”, enuncian y también hablan sobre “la falta de control del Estado en la idoneidad de las empresas constructoras, en la calidad de las obras realizadas, y en el respeto por la ley 962 de accesibilidad”: “ El proyecto presentado por Fundación Rumbos y REDI a través de los legisladores mencionados, y avalada por 13 organizaciones de la sociedad civil, también propone la participación de las Comunas con sus organismos de participación ciudadana, en tareas de relevamiento y control, necesarias para garantizar la seguridad y la accesibilidad para todos los peatones. Esta participación es obligatoria por la Ley de Comunas, pero ha sido desdeñada por el Ejecutivo”.