Crean un sistema en línea para regular la venta y prevenir el robo de celulares

Fue aprobado este jueves en la Legislatura porteña. Hay penas de hasta $20.000 para los infractores.

Este jueves la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una ley para combatir el comercio ilegal de celulares. Crea un sistema público, online y gratuito de seguimiento de actividades relativas a la comercialización y reparación de aparatos electrónicos a cargo de la Agencia Gubernamental de Control porteña (AGC). Hay penas de hasta $20.000 para los infractores.

“Se fijan estrictas obligaciones en cabeza de los titulares de los establecimientos cuya actividad habitual sea comercialización y reparación de aparatos electrónicos usados de telefonía celular, sus repuestos o partes”, explican los fundamentos del proyecto, autoría del legislador Ariel Álvarez Palma (Vamos Juntos).

Según la ley, las personas humanas o jurídicas cuya actividad habitual sea la comercialización o reparación de celulares deberán ingresar en el sistema para cargar  los datos de cada teléfono celular que posean para la venta; la descripción de las partes y/o de los repuestos que utilicen para la venta y/o reparación de otros teléfonos celulares; los teléfonos celulares que tengan para su reparación; y las operaciones de compraventa y/o reparación que realicen.

“Asimismo, las personas humanas o jurídicas usuarias de aparatos electrónicos usados de telefonía celular que no tuvieran la actividad habitual antes definida podrán ingresar voluntariamente los datos de sus aparatos electrónicos de telefonía celular en el mismo sistema”, suma la ley aprobada este jueves.

“La situación puntual de sufrir el robo de un celular hoy en día implica una perdida material en muchos casos cuantiosa, dinerariamente hablando, pero además conlleva una pérdida de datos e información personal que en ocasiones puede derivar en delitos aun más graves”, fundamenta la iniciativa.

Álvarez Palma explicó que “este proyecto es una herramienta indispensable para atacar la economía de los que viven de comercializar celulares robados que en todo el país totalizan cinco mil por día” y aseguró que “la obligación de presentar la documentación respaldatoria sobre la procedencia de los teléfonos permitirá controles cruzados; quienes no puedan justificar el origen serán multados severamente”.

“El Estado tiene que tomar políticas públicas concretas para atacar el robo de celulares, por primera vez, las empresas se comprometen y generarán listas blancas y negras”, agregó y sentenció que “tenemos que ver el problema en forma global y el Estado tiene que hacerse cargo de este problema, una de las formas de hacerlo es con prevención”.

Por su parte, el legislador de Evolución Leandro Halperín señaló que “es una consecuencia de unos de los principales flagelos que tenemos en esta sociedad, que es el robo de celulares, uno de los delitos más comunes y que menos se denuncian” y remarcó que “los lugares en los que se venden celulares de baja, media y alta gama son conocidos por todos, vemos a todas horas entrar y salir teléfonos que pueden ser producto de robos”.

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