Coparticipación: no hubo acuerdo entre Ciudad y Nación y la Corte Suprema definirá sobre los fondos para CABA
El jefe de Gabinete porteño confirmó el fracaso de la reunión y dijo que la Capital Federal “no puede renunciar a los recursos necesarios para la seguridad”.
Los Gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Nación se reunieron este miércoles y no llegaron a un acuerdo sobre los fondos federales coparticipables que debe girar Casa Rosada para garantizar el funcionamiento de la seguridad en territorio porteño a través de la Policía de la Ciudad.
De este modo, tras la fallida reunión y vencido el plazo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), será este máximo tribunal el que deba expedirse mediante un fallo para establecer si los recortes dispuestos por Nación en 2020 son inconstitucionales, tal como plantea el GCBA en la acción de amparo que dio inicio al proceso judicial.
La falta de acuerdo fue comunicada este miércoles al mediodía por el jefe de Gabinete de Ministros Felipe Miguel: “A pesar de los esfuerzos no hubo acuerdo con el Gobierno Nacional por la coparticipación. CABA no puede renunciar a los recursos necesarios para la seguridad”.
A pesar de los esfuerzos no hubo acuerdo con el Gobierno Nacional por la coparticipación. CABA no puede renunciar a los recursos necesarios para la seguridad.
— Felipe Miguel (@FelipeMiguelBA) May 11, 2022
Horas antes de la reunión de Nación y Ciudad, gobernadores peronistas y aliados de 17 provincias, reunidos en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), consensuaron una solicitada para la Corte Suprema de Justicia de la Nación para manifestar que debe pronunciarse en contra del reclamo de CABA.
La solicitada lleva el título de “El federalismo no se negocia” e introduce: “Los gobernadores y las gobernadoras de las provincias argentinas manifestamos nuestra profunda preocupación por la injerencia indebida por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la intervención respecto de la medida cautelar y la acción declarativa de inconstitucionalidad interpuesta por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Estado Nacional con el objeto de lograr la restitución en el monto de liquidación de recursos que no le corresponden”.
“Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes. No existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios”, sumaron.
“La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia. Las provincias son preexistentes a la Nación y nuestra constitución se funda en pactos preexistentes. Cuando se sanciona la ley 23548 de coparticipación federal de impuestos que promueve la distribución primaria y secundaria de los recursos coparticipables, existía la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires que era financiada completamente con recursos pertenecientes al estado nacional. Después de la reforma de constitucional de 1994, y en virtud del decreto 705/2003 se aplica un coeficiente equivalente al 1,4% del monto total recaudado en el artículo 2°de la ley 23548 y modificatorias que fue modificado de una manera injusta e injustificada por el decreto 194/2016 elevando el coeficiente al 3,75%. Nuestras provincias han perdido aproximadamente 500.000 M de pesos y padecemos la concentración del 28% del gasto público territorial del presupuesto nacional en la CABA”, detallaron.
“Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. Recibimos los menores subsidios por la energía que consumimos, por el transporte que nuestros usuarios utilizan. Pagamos el combustible más caro. Nos hacemos cargo de nuestras fuerzas de seguridad y destinamos parte de nuestros escasos recursos para afrontar erogaciones que el privilegio centralista dispone. Las provincias decimos basta! No aceptamos más decisiones que violen flagrantemente nuestro federalismo”, aseguraron.
“Queremos que de un modo inmediato la CSJ nos acepte como amicus curiae y estamos dispuestos a presentar acciones judiciales complementarias destinadas a corregir las distorsiones observadas en diversos decretos que afectan la disponibilidad de nuestros recursos. Nosotros vamos a defender a nuestras provincias. Que sepan muy bien los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos”.
Firmaron la solicitada los gobernadores de Buenos Aires, Catamarca, San Luis , Santiago del Estero, San Juan, Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Rioja, Tucumán, Chubut, Chaco, Formosa, Salta, Entre Ríos, La Pampa, Misiones y Santa Fe.
Junto a los gobernadores de Formosa, Santiago del Estero, Santa Cruz, Catamarca, La Rioja, San Luis, Buenos Aires, La Pampa, Chubut, Tierra del Fuego, Tucumán y San Juan manifestamos nuestra preocupación por la injerencia indebida por parte de la Corte Suprema de Justicia.
— Jorge Capitanich (@jmcapitanich) May 11, 2022
En marzo de este año, Ciudad y Nación participaron de una audiencia de conciliación convocada por la CSJN. En ese contexto, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, explicó el conflicto y denunció “la quita arbitraria, intempestiva, inconsulta e inconstitucional de recursos de Coparticipación Federal”.
Contextualizó: “Como ya saben, en 2016 dimos un paso importante en nuestra autonomía, cuando acordamos con Nación el traspaso de las funciones de seguridad. En ese entonces, y siguiendo lo que indica la Constitución Nacional, el Gobierno nacional transfirió, a través de la Coparticipación, los fondos necesarios para sostener a la Policía, la infraestructura y la inversión en tecnología”.
Luego, mencionó el inicio del conflicto: “Sin embargo, en septiembre de 2020, el actual Gobierno nacional decidió desconocer ese acuerdo y quitarnos esos fondos. Por eso, presentamos una demanda ante la Corte Suprema y hoy, fieles a nuestra vocación de diálogo, asistimos a la audiencia convocada y presentamos ante los jueces todos los argumentos que respaldan nuestro reclamo. Frente a la Corte, expuse que la quita es inconstitucional porque viola el requisito expreso que dice que el traspaso de una competencia de la Nación a otro distrito debe ir acompañada de los fondos necesarios para sostenerla”.
“También fueron inconstitucionales las formas. El Gobierno avanzó en esta quita sin dialogar, de un día para el otro y para resolver una crisis en otra provincia”, detalló y sumó: “Otro punto de discusión fue la Ley 27.606, también inconstitucional, que impulsó el Gobierno para sacarnos todavía más recursos. Y todo esto, en medio de la pandemia”.
“Para tomar dimensión de la situación, desde que el Gobierno nacional desconoció nuestros derechos, la Ciudad dejó de recibir 15.500 millones en 2020, 83.000 millones en 2021 y para 2022 están calculados 120.000 millones de reducción en nuestro presupuesto”, graficó Rodríguez Larreta.
“Es necesario que todos los gobernadores defendamos nuestros distritos de intentos discrecionales, porque los afectados son siempre quienes viven, trabajan y visitan nuestras provincias. Lo que estamos discutiendo es algo mucho más amplio que la Coparticipación. Estamos discutiendo el respeto a nuestra Constitución y a la forma federal de gobierno. Estamos discutiendo si las provincias son autónomas o si están sujetas a la voluntad del Gobierno nacional. En el fondo, estamos discutiendo qué país queremos ser. Y para esto, necesitamos defender el federalismo”, analizó.
“Los argentinos merecemos provincias autónomas, cuyas economías regionales puedan desarrollarse sin condicionamientos ni dependencia del Gobierno central. La Argentina son 24 distritos que crean una Nación y no una Nación que crea 24 distritos. Así se constituyó nuestro país”, añadió.
“Nosotros confiamos plenamente en el trabajo de la Corte Suprema, que es quien asegura que la división de poderes en nuestra república siga vigente y con efectos plenos. Tener la tranquilidad de que los mecanismos institucionales del país funcionan correctamente es esencial para la convivencia democrática. En este sentido, en la audiencia de hoy, la Corte dispuso 30 días para que lleguemos a un acuerdo con el Gobierno nacional (el plazo inicial del 26 de abril)”, expuso.
“Como hice siempre, voy a estar dispuesto a sentarme a la mesa para llegar a un acuerdo, apostando a la buena fe de todas las partes y, por supuesto, sin descuidar los derechos de las millones de personas que viven, estudian, trabajan y visitan nuestra Ciudad. Los argentinos merecemos un país verdaderamente republicano y federal. Un país unido que apueste al progreso y al crecimiento de todo nuestro pueblo. Cuentan siempre conmigo para recorrer ese camino”, concluyó.