Coparticipación: la Corte dio dos semanas más a Ciudad y Nación para acordar los fondos de la policía porteña

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) le otorgó otras dos semanas más a los Gobiernos de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires para que lleguen a una solución política y acuerden nuevos montos de la coparticipación que debe recibir la CABA en concepto de seguridad, para el funcionamiento de la Policía de la Ciudad.

En el marco de un amparo iniciado por el GCBA ante recortes dispuestos por Casa Rosada en 2020, el máximo tribunal había dado tiempo hasta 26 de abril para lograr un entendimiento entre partes, luego de sucesivas audiencias y reuniones de funcionarios.

Como no hubo acuerdo hasta el momento, la CSJN decidió extender el plazo del debate hasta el 11 de mayo. En este contexto, trascendió que la próxima reunión entre representantes de Nación y Ciudad se desarrollaría recién el miércoles de la próxima semana.

Desde el GCBA hicieron una propuesta rechazada en Casa Rosada, por considerarla muy costosa para las arcas nacionales. A su vez, las autoridades porteñas dicen que es poco lo que Nación está dispuesto a pagar para la Policía de la Ciudad.

En marzo de este año, Ciudad y Nación participaron de una audiencia de conciliación convocada por la CSJN. En ese contexto, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, explicó el conflicto y denunció “la quita arbitraria, intempestiva, inconsulta e inconstitucional de recursos de Coparticipación Federal”.

Contextualizó: “Como ya saben, en 2016 dimos un paso importante en nuestra autonomía, cuando acordamos con Nación el traspaso de las funciones de seguridad. En ese entonces, y siguiendo lo que indica la Constitución Nacional, el Gobierno nacional transfirió, a través de la Coparticipación, los fondos necesarios para sostener a la Policía, la infraestructura y la inversión en tecnología”.

Luego, mencionó el inicio del conflicto: “Sin embargo, en septiembre de 2020, el actual Gobierno nacional decidió desconocer ese acuerdo y quitarnos esos fondos. Por eso, presentamos una demanda ante la Corte Suprema y hoy, fieles a nuestra vocación de diálogo, asistimos a la audiencia convocada y presentamos ante los jueces todos los argumentos que respaldan nuestro reclamo. Frente a la Corte, expuse que la quita es inconstitucional porque viola el requisito expreso que dice que el traspaso de una competencia de la Nación a otro distrito debe ir acompañada de los fondos necesarios para sostenerla”.

“También fueron inconstitucionales las formas. El Gobierno avanzó en esta quita sin dialogar, de un día para el otro y para resolver una crisis en otra provincia”, detalló y sumó: “Otro punto de discusión fue la Ley 27.606, también inconstitucional, que impulsó el Gobierno para sacarnos todavía más recursos. Y todo esto, en medio de la pandemia”.

“Para tomar dimensión de la situación, desde que el Gobierno nacional desconoció nuestros derechos, la Ciudad dejó de recibir 15.500 millones en 2020, 83.000 millones en 2021 y para 2022 están calculados 120.000 millones de reducción en nuestro presupuesto”, graficó Rodríguez Larreta.

“Es necesario que todos los gobernadores defendamos nuestros distritos de intentos discrecionales, porque los afectados son siempre quienes viven, trabajan y visitan nuestras provincias. Lo que estamos discutiendo es algo mucho más amplio que la Coparticipación. Estamos discutiendo el respeto a nuestra Constitución y a la forma federal de gobierno. Estamos discutiendo si las provincias son autónomas o si están sujetas a la voluntad del Gobierno nacional. En el fondo, estamos discutiendo qué país queremos ser. Y para esto, necesitamos defender el federalismo”, analizó.

“Los argentinos merecemos provincias autónomas, cuyas economías regionales puedan desarrollarse sin condicionamientos ni dependencia del Gobierno central. La Argentina son 24 distritos que crean una Nación y no una Nación que crea 24 distritos. Así se constituyó nuestro país”, añadió.

“Nosotros confiamos plenamente en el trabajo de la Corte Suprema, que es quien asegura que la división de poderes en nuestra república siga vigente y con efectos plenos. Tener la tranquilidad de que los mecanismos institucionales del país funcionan correctamente es esencial para la convivencia democrática. En este sentido, en la audiencia de hoy, la Corte dispuso 30 días para que lleguemos a un acuerdo con el Gobierno nacional (el plazo inicial del 26 de abril)”, expuso.

“Como hice siempre, voy a estar dispuesto a sentarme a la mesa para llegar a un acuerdo, apostando a la buena fe de todas las partes y, por supuesto, sin descuidar los derechos de las millones de personas que viven, estudian, trabajan y visitan nuestra Ciudad. Los argentinos merecemos un país verdaderamente republicano y federal. Un país unido que apueste al progreso y al crecimiento de todo nuestro pueblo. Cuentan siempre conmigo para recorrer ese camino”, concluyó.