Continúa el conflicto con los puesteros desalojados de Constitución
Este lunes cumple 37 días la carpa instalada “cuando la empresa Cyrell cerró las puertas sin aviso y con toda la mercadería y objetos personales de los puesteros. Al día de hoy no fue restituida ni el reclamo solucionado”, denuncian los manifestantes, que dicen ser más de 400 trabajadores que durante ocho años se desempeñaron de manera informal.
Los puesteros desalojados de la terminal de Constitución continúan con su acampe. Reclaman “un contrato legal” que los vincule a la empresa Cyrell y que “de ello derive la bajas de los alquileres exorbitantes y haya reglas claras para evitar aumentos discriminados y constantes”, manifestó Omar Guaraz, delegado de la agrupación sindical Vendedores Libre
También reclaman por la regularización de otros trabajadores que desarrollan tareas en el predio, como seguridad y limpieza, que “están vinculados a la empresa pero se encuentran en negro”.,
Guaraz denuncia que “el predio cuenta con cobertura y protección política” que permitió “explotar a centenares de trabajadores y la consecuente evasión a tributos que afectan las arcas del Estado. Por otro lado la intervención de funcionarios públicos en hechos de corrupción. Los rumores que funcionarios de la actual están involucrados comercialmente con el predio denunciado son cada día más fuertes”, afirmó.
Además, el delegado denunció que “La carpa y sus integrantes han sufrido agresiones físicas, amenazas y numerosas coacciones con la finalidad que la protesta se levante y que sus delegados cesen sus denuncias judiciales y públicas. La represión policial a dejado heridos y detenidos. La represión policial y la tercerizada ponen en riesgo la vida de sus integrantes”, afirmaron.
Por su parte, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha dicho en relación al conflicto que se trata de un problema entre privados, rechazando en principio realizaron algún tipo de intervención.
Los puesteros iniciaron su protesta el 13 de agosto, cuando al llegar por la mañana a su lugar de trabajo encontraron cerrado el acceso a los locales porque “no cumplían con los requisitos que impuso el GCBA y la dueña decidió no abrir para evitar que clausuren”, explicaron fuentes en aquel momento.