Comunidades autóctonas y migrantes alertan que en la Ciudad se “criminalizan las prácticas culturales originarias”

Las comunidades de pueblos originarios y migrantes que habitan la Ciudad de Buenos Aires están en estado de alerta y expresan su descontento porque aseguran que en suelo porteño se “criminalizan las prácticas culturales originarias”.

El caso latente,  es la detención del joven José Luis Zurita Delgadillo en Villa Lugano (Comuna 8) cuando tenía en su poder varias hojas de coca para usar en los festejos de la Virgen de Urkupiña, en La Plata, la ciudad donde este muchacho de 28 años vive con sus tres hermanas y sus padres.

Zurita Delgadillo, argentino e hijo de bolivianos, está detenido hace más de un mes y está procesado por tenencia de estupefacientes. Su caso abre un debate jurídico ya que la Ley nacional 23.737 de “Tenencia y tráfico de estupefacientes” en su artículo 15 reza: “La tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural, destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, no será considerada como tenencia o consumo de estupefacientes”.

Sin embargo, el joven está tras las rejas por lo que dice el inciso B del quinto artículo: “Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a quince años y multa de dos millones doscientos cincuenta mil a ciento ochenta y siete millones quinientos mil australes el que sin autorización o con destino ilegítimo Produzca, fabrique, extraiga o prepare estupefacientes”.

Según el Juez Martínez DiGiorgi, titular del Juzgado Federal Criminal N° 5, el joven iba a usar las hojas para producir cocaína. Por eso en este mes no fue liberado.

Fuentes de la Policía de la Ciudad dijeron sobre la detención: “Ese tipo tenía más de 70 ladrillos de hoja de coca compactada envueltos en diarios. No era para masticar. Está imputado por Ley de Drogas y Cohecho. Quiso coimear”.

El abogado del joven, Federico Ravina, asegura que la citada ley salvaguarda el uso de la hoja de coca, no importa el volumen que le hayan encontrado al joven. Dijo que es imposible hacer cocaína solo con hojas de coca y que no hay ningún caso en el país que ocurra así. Negó que el cohecho figure en la causa.

Dijo que la justicia nunca hizo allanamientos para corroborar la existencia de un laboratorio o la tenencia de otros químicos para producir droga. Por la forma en que la justicia procedió, el letrado dijo que existe un fuerte componente xenófobo, que reprime las prácticas originarias. Reconoció que era un gran volumen de hojas, pero negó que sean ladrillos, sino bolsas, las cuales iban a ser repartidas entre miembros de la comunidad de La Plata y alrededores para los festejos de la virgen. Eso explica la cantidad.

Este martes el letrado hizo una apelación para pedir por la libertad de Zurita Delgadillo. La familia hizo un acto frente al Palacio de Tribunales. Una de sus hermas expresó: “La hoja de coca no es cocaína. Mi hermano es inocente y nuestras tradiciones son ancestrales, tampoco son delito”.

No es la primera vez que los descendientes de pueblos originarios que viven en la Ciudad tienen problemas. Carla Barreiro Montero integra el bloque de trabajadoras migrantes de la campaña Migrar No Es Delito asegura que desde hace tres años hay problemas para que en el Cementerio de Flores (Comuna 7) más de 50.000 bolivianos y argentinos descendientes de bolivianos rindan homenaje a sus difuntos durante el 1 y el 2 de noviembre, en el Día de los Muertos.

“Vemos que se están criminalizando las prácticas culturales originarias. Desde hace tres años en el Bajo Flores hay problemas para el festejo de todos los muertos en el Cementerio de Flores. La Policía de la Ciudad decomisa objetos que llevan las familias a sus difuntos. Los hacen entrar sin instrumentos, que forman parte de las ceremonias de homenaje a los muertos”, señala.

“Es parte de una ceremonia y tradición y la constitución argentina establece que todos los pueblos deben convivir y que el estado debe garantizar que se hagan las prácticas ancestrales”, añade.

Fuentes consultadas se desmarcan de las denuncias de xenofobia y señalan que las prácticas son preventivas por tratarse de un lugar dependiente de la órbita porteña.

Desde entidades entendidas en la migración como CAREF o Migrar No Es Delito sostienen que hay políticas públicas por parte del Gobierno nacional que complican la vida de quienes eligen este país para vivir. Señalan que el máximo ejemplo es el DNU 70/2017 que amplía los requisitos e impedimentos para el ingreso y permanencia de migrantes en Argentina.

En este contexto, el abogado de pueblos originarios y miembro de la Organización de Comunidades de Pueblos Originarios (ORCOPO) Benito Espíndola dijo: “Después de la reforma en la Constitución nacional de 1994 pensamos que iba a cesar la persecución a lo indígena, a lo diferente. Cambió el paradigma jurídico en ese entonces pero siguen viejas prácticas contra nuestras comunidades. Vamos a continuar con nuestras tradiciones. En Buenos Aires se coquea porque llevamos nuestras tradiciones a donde vayamos. No se puede suprimir a un pueblo, a su historia. Hay convenios internacionales que garantizan los derechos de las tradiciones de los pueblos originarios”.

Fuente: Agenda Porteña