Coghlan: una inmobiliaria escrachó a los vecinos que frenaron obras en Villa Roccatagliata

La desarrolladora inmobiliaria que hacía un edificio alrededor de la Villa Roccatagliata (Roosevelt y Av. Balbín, Coghlan, Comuna 12) fijó un cartel con los nombres de los vecinos que impulsaron un amparo y frenaron la construcción de pisos por encima del límite permitido en la normativa porteña.

El cartel pone el nombre y apellido de los vecinos e incluye la leyenda: “Estos son los vecinos que se oponen a la terminación de esta obra (…) Son los responsables del estado actual de abandono de la zona. Somos 270 compradores de departamentos, muchos de nosotros vecinos del barrio, perjudicados por la acción de unos pocos opositores a todo, con el apoyo del inefable ex legislador Gustavo Vera. Perjuicio para todos; propietarios, vecinos y CABA. Reaccionemos ya o será muy tarde. Compradores autoconvocados hartos de demoras”, agrega el cartel.

“Los jueces de la CABA Oteguy, Seijas, Centanaro y Zuleta no le conceden al Gobierno el recurso extraordinario. Tienen cajoneado el expediente desde octubre de 2017 pues están en guerra con el Jefe de Gobierno Rodríguez Larreta. El procurador de la CABA tiene que presentar el recurso de queja ante el Superior Tribunal de Justicia de la CABA ya mismo. Basta de demoras. Basta de justicia politizada. Rechacen ya la cautelar y el fallo que impide la continuación de la obra”, agregan.

Fuentes de La Alameda, ONG contra la trata cuyo referente es Vera, contaron a este medio que viven con incomodidad la postura que tomó la desarrolladora inmobiliaria al exponer a los vecinos y estigmatizarlos.

Además, el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODH), cuyo referente Jonatan Baldiviezo asesoró a los vecinos amparistas, opinó en Emergentes: “Con afirmaciones cínicas y mentirosas se ha avanzado con el escrache individualizado y difamación de ciudadanos que luchan por su Derecho a la Ciudad y un mejor ambiente urbano. Este escrache público constituye sin lugar a dudas una intimidación y un hostigamiento amenazante por parte del poder inmobiliario hacia vecinos que tuvieron el coraje de enfrentarse a un proyecto que simboliza el paradigma de la especulación inmobiliaria con connivencia estatal. Los autores de este escrache quieren generar miedo, intimidan, para lograr que su gran negocio inmobiliario continúe. ¿Qué otra razón, que no fuera la de generar temor y miedo, tendría exponer a ciudadanos con sus domicilios personales como opositores irracionales que causan perjuicio a toda la sociedad?”.

“Esta intimidación la firman “Compradores autoconvocados hartos de la demora”. Pero no cabe dudas que detrás de esta firma difusa se encuentra Palacio Roccatagliata S.A., propietaria del predio y desarrolladora del proyecto, que cómo mínimo ha autorizado la instalación de estos carteles en el inmueble de su propiedad. La ética del dinero, la obtención de alta rentabilidad por especulación, ha llevado a esta desarrolladora inmobiliaria a sobrepasar los límites legales y los morales de convivencia democrática. Por otra parte, existen “otros compradores autoconvocados” que decidieron demandar judicialmente al GCBA y a la desarrolladora inmobiliaria por su mala defensa judicial y por vender Unidades Funcionales fundadas en un proyecto que viola el Código de Planeamiento de la Ciudad. También otros compradores se acercaron a dialogar con los abogados de la parte actora manifestando su convencimiento de que el permiso de obra claramente no respeta la planificación de la ciudad y la gravedad de la connivencia del GCBA”, añaden.

“Se acusa a estos vecinos de ser los “responsables del estado de abandono”. Una afirmación sin asidero alguno. La Poder Judicial de la Ciudad ha dictado hasta el momento cinco (5) sentencias que reconocieron que el permiso de obra otorgado a Palacio Roccatagliata S.A. viola cada uno de los parámetros urbanísticos que establece el Código de Planeamiento Urbano (CPU) para dicha parcela: supera los m2 permitidos, sobrepasa la altura de la zona y ocupa de forma ilegal el pulmón de manzana. Claramente la responsabilidad la tiene el GCBA por haber registrado dichos planos. También son responsables los que presentaron el proyecto que no pueden desconocer lo que establece la ley, más cuando no se trata sólo de una violación superficial sino de desconocer prácticamente la existencia del CPU”, contextualiza el ODH.

“El abandono de la obra, que generó un principio de incendio hace más de un mes, es otra estrategia para presionar con la continuidad de la obra. Palacio Roccatagliata hasta el día de hoy era uno de los mejores ejemplos de cómo la especulación inmobiliaria con connivencia de funcionarios del gobierno sobreexplotan la capacidad constructiva de un predio ilegalmente para obtener una mayor rentabilidad sin considerar las consecuencias sociales o ambientales, o sin que les importe la protección del patrimonio o la identidad barrial. Pero ha superado sus límites, también es ahora el paradigma de la violencia e intimidación del poder inmobiliario en la ciudad ejercido contra ciudadanos que soslayan sus intereses individuales para proteger bienes colectivos y para proteger el planeamiento de la ciudad, que es nuestro bien común”, concluye.