Ciudad hizo el censo de gente en situación de calle sin las organizaciones sociales

Luego de una serie de discrepancias, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hizo en la madrugada del miércoles un censo de gente en situación de calle sin la presencia de organizaciones sociales y entidades que trabajan la temática. Sí contó con apoyo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), Universidad de Luján y Universidad Católica Argentina (UCA).

Fuentes del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad explicaron que 300 voluntarios mediante 74 móviles “rastrillaron la Ciudad por completo utilizaron dos planillas con objetivos diferentes”: “La primera sirve para realizar un conteo observacional y registrar la cantidad de personas en situación de calle según los rasgos sociodemográficos percibidos por el registrador (principalmente sexo y rango de edad). La segunda, se trata de una encuesta no probabilística que se aplica a todos aquellos que quieran y se encuentran en condiciones de responder”.

“Estas preguntas permiten conocer las trayectorias en calle, el nivel educativo, la situación laboral y el acceso a servicios socioasistenciales. En el año 2019, alrededor del 38% de las personas en situación de calle (PSC) no aceptó responder esta encuesta. El abordaje metodológico fue avalado por distintas universidades. Los datos del relevamiento serán procesados y publicados por la Dirección General de Estadísticas y Censos”, añadieron.

Sobre la participación de movimientos sociales, desde el ministerio señalaron: “En diciembre del año pasado, Desarrollo Humano y Hábitat firmó un acuerdo con las principales organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas en situación de calle, la Defensoría del Pueblo, la Dirección General de Estadísticas y Censos, y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, con el objetivo de sentar las bases para la realización del censo”.

Luego de un trabajo en distintas mesas de trabajo, se establecieron “puntos de consenso que fueron reflejados durante el desarrollo del censo”. “Por ejemplo, se sumaron preguntas para optimizar el cuestionario, vinculadas al género autopercibido, si se cuenta o no con DNI y certificado de discapacidad; se aumentaron el número de recorridos y de móviles dividiendo en más cuadrículas las manzanas de la CABA; y se incorporó el monitoreo del barrido a través de una aplicación”, defendieron en el ministerio.

En 2017 diversas organizaciones de la sociedad civil organizaron el primer censo de gente en situación de calle y lo repitieron en 2019. Había 4.394 personas viviendo en las calles porteñas y dos años más tarde ese número subió a 7.251. Pero desde el Gobierno porteño no validaron esas cifras; por el contrario, dieron a conocer números menores, por lo que hubo polémica.

Esta semana, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Proyecto 7 – Gente en situación de calle, MTE y MP Nuestramérica emitieron un comunicado conjunto: “Expresamos nuestro rechazo respecto a la realización de un nuevo censo de personas en situación de calle que sub registra a la población, evita recolectar datos cualitativos de minorías específicas y no atiende las recomendaciones realizadas incumpliendo el acuerdo logrado el año pasado”.

“El 23 de diciembre de 2020 se firmó un acuerdo para conformar una mesa de trabajo integrada por organizaciones, organismos públicos de defensa y agencias de gobierno que abordan la temática en la Ciudad, para desarrollar en conjunto la metodología e implementación del censo anual dispuesto por la ley 3706/11 y para diseñar políticas públicas que sean efectivas para mejorar de manera definitiva la situación de las personas que viven en la calle. En ese momento, consideramos que avanzar con la mesa era un paso importante para revertir la invisibilización de miles de personas en la información oficial, que fue lo que en 2017 llevó a la realización del Primer Censo Popular, tras el fallido intento de que el GCBA corrigiera su metodología de conteo”, indicaron.

“Frente a la falta de búsqueda de consensos del gobierno porteño, en el año 2019 volvimos a repetir el censo popular, registrando más de 7000 personas viviendo en situación de calle. Los conteos que realizó el GCBA hasta el presente subregistraban a quienes efectivamente estaban en situación de calle, obviaban la población en centros de integración y dejaban de lado cualquier análisis cualitativo que pudiera servir para el diseño de las políticas integrales dispuestas desde hace una década en la Ley 3706”.

“Durante estos cinco meses del 2021, participamos en una mesa que involucró al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat como a personal de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad. Durante los encuentros de trabajo de dicha mesa, no hemos logrado acuerdos en relación a la inclusión de personas en centros de integración o dispositivos de alojamiento, no se han aceptado propuestas de incorporación de preguntas sobre covid, violencias y experiencias específicas sobre mujeres y personas trans, se buscó reducir el rol de las organizaciones sociales y organismos de defensa a observadores no participantes, se desconoció el pedido, argumentado, de extender la duración del censo y se adjudicó a la falta de tiempo la toma unilateral de decisiones sobre la metodología. Tampoco se han contemplado los riesgos a los que se expone a los trabajadores que llevarán adelante el censo y personas censadas en el contexto de la grave crisis sanitaria que atravesamos, decidiendo llevarlo adelante en el peor escenario desde el inicio de la pandemia”.

“Hemos estado siempre predispuestos a trabajar de manera conjunta, a la construcción colectiva y al diálogo. Sin embargo, consideramos que el Ministerio ha incumplido con lo acordado en diciembre de 2020, obstaculizando la participación, y por ende la incidencia, de los integrantes de la mesa de trabajo en el diseño de los instrumentos metodológicos, y decidiendo de manera unilateral la fecha y los términos en los que el censo de personas de situación de calle se llevará a cabo en el 2021. Es por ello que, con los mismos principios que nos impulsaron a hacerlo en el 2017 y en el 2019, seguiremos trabajando para generar datos que reflejen fielmente la realidad y sirvan para diseñar políticas públicas que sean efectivas para mejorar de manera definitiva la situación de las personas que viven en la calle”, concluyeron.