Ciudad defiende desalojos en la Villa 31 para hacer la nueva traza de la AU Illia: “Había peligro de colapso”

El 24 de febrero varias familias de las casas 15 y 21 de la manzana 12 fueron desalojadas del sector Cristo Obrero de la Villa 31 del barrio porteño de Retiro (Comuna 1). En el operativo intervino una centena de efectivos de la Policía de la Ciudad. Este miércoles, el Gobierno porteño hizo oficial esta acción. Es para construir la nueva traza de la autopista Illia, afirmaron fuentes oficiales. Alertaron también por riesgos edilicios en los inmuebles.

A través del Decreto 61/2018, publicado este miércoles, el Gobierno porteño informa que “constató que en las Casas Nros. 15 y 21 habitan grupos familiares conformados por personas mayores y menores de edad; Que en función de la ejecución de la obra pública referida y de lo ordenado por la Ley N° 5.733, se han efectuado relocalizaciones y demolido las construcciones desocupadas”.

“Dichas construcciones, ubicadas como se dijo en el sector Cristo Obrero de los Barrios 31 y 31 Bis, se encuentran afectadas al proyecto de urbanización integral Retiro Puerto por la obra pública en ejecución, conforme la Ley N° 5.733, mediante la cual se aprobó la nueva traza de vinculación entre la Avenida 9 de Julio y la Autopista “Presidente Doctor Arturo Umberto Illia”, afirman fuentes oficiales.

“Los integrantes de los grupos familiares antes citados no han aceptado a la fecha las viviendas que se les han asignado ni desocupado las que ocupan. el informe técnico estructural realizado sobre las construcciones ocupadas por los grupos familiares indicados concluye que no cuentan con las condiciones básicas de seguridad para ser habitadas, porque presentan una situación de falencia estructural que representa un peligro de colapso actual e inminente con el consecuente peligro de daños irreparables para sus ocupantes, lo cual exige la urgente actuación gubernamental para adoptar las medidas necesarias en orden a impedir daños a las personas y los bienes, máxime frente a la circunstancia que en los inmuebles habitan menores de edad”, añade el Gobierno local.

Así se fundamenta el desalojo en este sector de la Villa 31: “resulta aplicable el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dispone: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o bienes de los administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Sólo podrá la Administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina… Los recursos que interpongan los administrados contra los actos administrativos no suspenderán su ejecución y efectos, salvo norma expresa que disponga lo contrario…”.

Los organismos oficiales que intervinieron en el desalojo son la Secretaría de Integración Social y Urbana, las Direcciones Generales de Guardia de Auxilio y Emergencias y de Defensa Civil, dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Sin embargo, desde sectores opositores este desalojo fue desmedido e injustificado. El legislador por Evolución Juan Francisco Nosiglia presentó un pedido de informes. Pide saber cuáles fueron los “motivos que originaron la orden judicial que dio lugar al procedimiento” y que “dependencias del Gobierno intervinieron en el mismo, especificando las tareas asignadas a cada una de ellas”. Asimismo, solicita saber si en el desalojo “participaron fuerzas de seguridad u otras dependencias del Gobierno Nacional” y la cantidad de habitantes que residían en las unidades desalojadas.

También consulta acerca de si “los habitantes en cuestión eran beneficiarios de algún programa local o nacional al momento del desalojo” y conocer “dónde fueron relocalizados los residentes del predio y sus pertenencias”.

En los fundamentos de la medida, Nosiglia explica que fueron desalojadas las familias que habitaban las casas 15 y 21 de la manzana 12 de dicho barrio, y advirtió que “según notas en medios periodísticos y videos tomados en el lugar mientras Valeria Ibarra, vecina de una de las casas, se retiraba y aun con los abogados y otros en la vivienda, se procedió a la demolición a mazasos de su unidad”.

En este sentido señaló que “vecinos denuncian irregularidades en torno a la ejecución de la Ley 3.343 de urbanización, que no habría contemplado la participación de los habitantes del barrio” y recordó que dicha norma sostiene que “la implementación del proyecto de reurbanización no implicará desalojo forzoso alguno”.

“Nos parece excesivo también el número de las fuerzas de seguridad empleadas (40), así como la dureza en el ejercicio del desalojo, en principio sin orden judicial, amparándose en una resolución administrativa del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que dispuso que esa vivienda y la de otras dos familias debían ser demolidas”, subrayó e insistió en que “nos interesa saber quiénes fueron los responsables políticos y operativos del procedimiento de desalojo, cuáles fueron las áreas intervinientes y si participaron dependencias de otras jurisdicciones”.