Cerruti denunció a Macri y a varios funcionarios por el acuerdo entre el Estado y la empresa de Correos
La legisladora porteña (M.C.) y referente porteña de Nuevo Encuentro, junto al abogado Sergio Zurano, denunciaron al presidente, al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y al Director de Asuntos Jurídicos, Juan Carlos Mocoroa, por presunto fraude y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas..
La legisladora porteña (M.C.) y referente porteña de Nuevo Encuentro, junto al abogado Sergio Zurano, denunciaron al presidente, al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y al Director de Asuntos Jurídicos, Juan Carlos Mocoroa, por presunto fraude y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
La legisladora de la ciudad de Buenos Aires con mandato cumplido Gabriela Cerruti, con el patrocinio del abogado Sergio Zurano, denunciaron penalmente al presidente Mauricio Macri, al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y al Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación, Juan Carlos Mocoroa, por los delitos de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
La denuncia cayó en el juzgado del juez Ariel Lijo, con instrucción del fiscal Juan Pedro Zoni. Y se suma a otra que realizó más temprano el abogado Daniel Igolnikov contra los mismos acusados.
El presidente Mauricio Macri y varios funcionarios sumaron nuevas denuncias en su contra a raíz del acuerdo que el Estado aceptó con el Correo Argentino, en el que accedió a una quita de$ 70 mil millones -un 98,82% del total- en el marco de un concurso preventivo.
La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, pidió rechazar por “abusivo” el acuerdo alcanzado en junio de 2015 entre Correo Argentino S.A. y el Estado nacional. La fiscal emitió un dictamen en el que sostuvo que lo acordado “equivale a una condonación” de la deuda “y debe considerarse abusiva”, según informó el sitio Fiscales, que depende de la Procuración General.
“Las propuestas que se presentaron antes eran una catástrofe, pero eran aún mejor que estas, por eso la fiscal de Cámara lo rechazó. Consideró que era inadmisible y no quiso poner la firma”, afirmó Zurano en declaraciones al diario Ámbito.
“Macri con los buitres dijo que no había que pedir una quita, había que pagar y punto. Tendría que haber usado el mismo criterio”, sostuvo Zurano.
Ayer se conoció el dictamen de la fiscal Gabriela Boquín, quien sostuvo que, según los cálculos de la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración, el acuerdo implicaría una quita de más de 4.000 millones de pesos ahora y de más de 70.000 millones a 2033.
La fiscal agregó que el consentimiento estatal para el acuerdo fue brindado por un funcionario del Ministerio de Comunicaciones sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quién recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso.
También remarcó que la familia Macri “detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A.“.
El Correo Argentino fue reestatizado en 2003 por el gobierno bajo la presidencia de Néstor Kirchner. Hasta ese momento, la empresa era controlada por las empresas de la familia Macri.
Boquín reseñó en el dictamen que, durante el concurso, el juez requirió información sobre la participación de Franco Macri en la compañía y “que la empresa contestó que el padre del presidente de la Nación no es directivo de Correo Argentino S.A”, informó Fiscales.
La empresa también respondió, según el escrito, que “la familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino S.A.”.
La propuesta a la que se se refirió la fiscal fue la realizada por la empresa en la audiencia del 28 de junio del año pasado, que se celebró a pedido del Estado Nacional que es titular de 32,65 por ciento del pasivo concursal, según se indicó en el dictamen.