Ante la adversidad en suelo porteño, Uber apuesta a expandirse en el interior

La justicia de la Ciudad falló contra la aplicación, pero hay sentencias a nivel nacional que la permiten.

La justicia de la Ciudad falló contra la aplicación, pero hay sentencias a nivel nacional que la permiten.

Hace un año Uber empezó a funcionar en la Ciudad de Buenos Aires con una flota de casi 20 mil choferes del área metropolitana. Como el Gobierno porteño denunció varias veces a la aplicación, la empresa anunció que expandirá sus operaciones al interior del país, donde creará nuevos centros de atención para usuarios y conductores, informó el gerente general para Argentina de esta firma de transporte privado, Mariano Otero.

“Planeamos expandir nuestros servicios, principalmente buscando oportunidades en el resto del país y ampliando nuestro plan de inversión que pueda generar miles de nuevas oportunidades económicas para los argentinos”, aseguró el ejecutivo durante la convención Energyear Latam 2017.

Hasta el momento, cinco directivos de la empresa están imputados, dos de ellos con pedido de detención, hay 4.000 choferes investigados y otros 20 imputados y requeridos de juicio oral con solicitud de pena de arresto e inhabilitación para conducir, según Télam.

En la Ciudad se denunció a la empresa por no cumplir con el Código de Tránsito y Transporte local, que especifica que sólo los radiotaxis están autorizados para tomar pedidos para viajes de pasajeros.

Además, la Fiscalía de la Ciudad a cargo de Martín Lapadú imputó a conductores de la aplicación por “usar indebidamente el espacio público con fines lucrativos”, una conducta “sancionada por el artículo 83 del Código Contravencional de la Ciudad”.

En el ámbito nacional, el juez de instrucción en lo criminal nacional Luis Zelaya desestimó por inexistencia de delito una denuncia penal presentada por el gremio de los taxistas contra choferes de Uber y declaró que “es lícita” la actividad de la empresa. En noviembre, la Cámara Nacional en lo Criminal confirmó esa sentencia alegando que “la prestación del servicio de transporte de pasajeros sin contar con habilitación oficial no configura una conducta tipificada por la legislación punitiva”.

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